El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, alertó este domingo sobre la búsqueda de desarrollo económico en Bolivia, a través de la “invasión” y “colonización” de los territorios de los pueblos indígenas y áreas protegidas, donde se proyecta la exploración de recursos hidrocarburíferos. Señaló que esas acciones no coinciden con la democracia, que en el país actualmente está “ralentizada”.“Pretender el desarrollo económico a costa de la invasión y colonización de los territorios indígenas, de la depredación de la Madre Tierra, la distorsión del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre sus formas de desarrollo y la negación de los derechos de las generaciones presentes y futuras, no pueden considerarse coincidentes con la democracia que habíamos decidido construir”, dijo Villena.En ese marco, el Defensor consideró que la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida (CMPCC) –que se lleva adelante en Tiquipaya, Cochabamba– debe analizar las políticas del Gobierno, que buscan la generación de riqueza a costa de territorios indígenas.La II Conferencia Mundial es un espacio apropiado para analizar las “políticas que, al interior del Gobierno nacional, buscan la generación de riqueza a costa de la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y la intervención de empresas privadas explotadoras de recursos hidrocarburíferos en parques nacionales o áreas protegidas”, sostuvo.La democracia boliviana ralentizada El 10 de octubre, los bolivianos recordaron 33 años de recuperación de la democracia, luego de décadas de lucha sangrienta y desigual en la que muchas personas fueron asesinadas, torturadas, exiliadas o perseguidas por el ideal de hacer de Bolivia una nación de iguales.En la actualidad, para Villena, la democracia en Bolivia “está sufriendo una ralentización” y afectación en su calidad. Por ello precisó un análisis “sobre la necesidad de ejercer y respetar la democracia comunitaria, la democracia directa y participativa y la democracia representativa, formas definidas claramente en la Constitución y que enriquecen y dan sentido al proceso de transformaciones políticas del Estado Plurinacional”.Pero también –según el Defensor– la democracia en Bolivia se está viendo afectada por “la tendencia de excluir y hasta perseguir la opinión contraria, de controlar y someter a las instituciones de todo el Estado como instrumento para sostener el poder, la cooptación o división de las organizaciones sociales y los pueblos indígenas y la negación del consenso y el diálogo como mecanismos de decisión”.Acotó que esas prácticas no condicen con la voluntad manifiesta por el pueblo que luchó por recuperar la democracia, de los movimientos que expulsaron al neoliberalismo y de quienes impulsaron e hicieron realidad la Asamblea Constituyente.Exige un proceso de reflexión En el marco de su propuesta, Villena indicó que es tiempo de iniciar un proceso de reflexión sincero, serio e inclusivo sobre la democracia que estamos construyendo y que debe incluir a los medios de comunicación, las universidades, las organizaciones sociales, los pueblos indígenas y comunidades campesinas, los poderes locales, las entidades de investigación y toda la ciudadanía.Tenemos el desafío como sociedad de “alcanzar el desarrollo pleno de la democracia participativa, con poder de decisión, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos para lograr la descolonización, la despatriarcalización y la construcción de una sociedad de justicia, de paz y de libertad”, aseveró.Asimismo, el Defensor afirmó que la democracia boliviana sostiene hoy una lucha más prolongada, que busca convertirse en un modelo de vida y de libertad, que trascienda la realización de elecciones periódicas y “donde los derechos ancestrales de los pueblos a la igualdad plena, al desarrollo sostenible y diverso y a su propia cultura, sean respetados y defendidos; donde la ciudadanía organizada y expresada en las organizaciones sociales, el movimiento obrero y popular, las regiones y comunidades campesinas, sean los verdaderos protagonistas y decisores reales de su presente y su futuro”.Apuntó que el encumbramiento de partidos políticos circunstanciales deben ser “instrumentos al servicio del pueblo y no liderazgos perennes que usufructúan del poder y protegen intereses sectarios”.