Verónica OrmacheaLa liberación de los presos políticos en Venezuela es el primer objetivo de la nueva Asamblea Nacional que arrasó en las recientes elecciones. Obtuvo 112 votos contra apenas 55 de la fracasada revolución bolivariana. El chavismo dominó el escenario político durante 17 años, llevando al país a la quiebra y dejando a la sociedad civil hambrienta y desmoralizada.El presidente Nicolás Maduro declaró, sin embargo, que si la oposición continúa con su proyecto de Ley de Amnistía, ésta clavaría un puñal a la paz de Venezuela. Una aberración absurda y desatinada.El mandatario debió haber liberado a los presos políticos en las fiestas navideñas, pero demostró, una vez más, que es un dictador.La nueva mayoría opositora victoriosa, aglutinada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), pretende aprobar como medida de urgencia una ley de «amnistía y reconciliación” para liberar a los 76 presos políticos presos en cárceles infrahumanas y a los y 11 que se encuentran con arresto domiciliario, arbitrariamente detenidos.El dictador, sin embargo, advirtió que vetará cualquier medida que pretenda favorecer a quienes calificó de «asesinos y terroristas”. El haber perdido las elecciones ha provocado, además, que pierda el norte.Las víctimas más emblemáticas son el dirigente Leopoldo López, que ha sido condenado a 14 años de prisión tras una manifestación pacífica el 2014, que terminó con la muerte de tres personas en las que él no estuvo involucrado.Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, que ha sido acusado de «conspirar” contra el gobierno de Maduro y Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, condenado por iniciar una huelga de hambre. Estos últimos se encuentran con arresto domiciliario. Todas son acusaciones arbitrarias, falsas y no han tenido procesos justos.Organismos internacionales de derechos humanos, así como presidentes europeos y exmandatarios latinoamericanos, han exhortado a funcionarios del Estado y a jueces a liberar a los detenidos, pero sin éxito. Incluso presidentes han viajado a Caracas con la intención de verlos, pero no se les ha permitido.El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) vetó a tres candidatos amazónicos de la oposición porque habrían comprado votos. Éstos juramentaron pese a la medida cautelar emitida en diciembre por el TSJ.A raíz de protestas del oficialismo, el Tribunal -que no es un poder independiente- desacató al nuevo parlamento por tomar juramento a dichos diputados. El nuevo Congreso se vio obligado a acatar el fallo para evitar que la Cámara sea deslegitimizada y evitar dar curso a sus nuevas leyes que tienen carácter de urgencia.Según analistas, considerando que la oposición cuenta con 109 diputados, la MUD sigue teniendo los dos tercios del Parlamento y le corresponde una serie de atribuciones para la aplicación de leyes legítimas.Puede autorizar el enjuiciamiento o incapacidad del Presidente y de los diputados, censurar al Vicepresidente y a los ministros, aprobar leyes para ser votadas en un referendo, aceptar o negar el presupuesto general de la nación, impulsar cambios de poderes ciudadanos y aprobar un Estado de excepción o una reforma constitucional.Ya era hora del cambio para resucitar a la destruida Venezuela después de tres lustros.Página Siete – La Paz