William Herrera ÁñezLa persecución judicial al periodista Carlos Valverde Bravo por haber denunciado la existencia de tráfico de influencias, que vincula directamente al presidente Evo Morales, supone en realidad una arremetida no solo contra el comunicador sino también contra la libertad de expresión y la necesidad de tener una opinión pública debidamente informada.Lo que sucede con este comunicador social es propio de los regímenes autoritarios, que se caracterizan por hacer un manejo oscuro de la cosa pública. Y cuando el periodismo independiente investiga al poder económico o político y saca a luz escandalosos casos de corrupción, a menudo es el propio periodista quien resulta acusado. En estos casos lo que se busca es ‘matar al mensajero’, que alude a aquel rey de la historia que, impotente ante su derrota, descarga toda su furia en el pobre soldado que fue el encargado de transmitirle la desgraciada noticia.El hecho que origina el presunto tráfico de influencias denunciado por Carlos Valverde (la relación sentimental de Gabriela Zapata con Evo Morales), ha sido reconocido por el propio protagonista de la denuncia. En este sentido, la persecución judicial al ‘mensajero’ que dio la desgraciada noticia, no tiene ninguna razón de ser, salvo buscar cómo restringir aún más la libertad de expresión. Hay que recordar que esta es una conquista de la civilización y un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática, y se constituye en un instrumento perfecto para luchar contra la corrupción y sus múltiples manifestaciones.De ahí por qué la Constitución (arts. 106-107) proclama garantizar el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, así como a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. La única limitante que tienen los periodistas y medios de comunicación es que la información y las opiniones emitidas a través de los medios deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.La libertad de expresión -llamada también de información o de prensa-, es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de DDHH (art. 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19.2), el Convenio para la Protección de los DDHH y de las Libertades Fundamentales (art. 10), entre otros.Este derecho es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos y cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita el efectivo desarrollo del proceso democrático. Así la libertad de expresión constituye un típico control social, por cuanto no solo garantiza el acceso a la información en poder del Estado, sino que busca conseguir una mayor transparencia de los actos del Gobierno afianzando las instituciones democráticas.Sin embargo, los gobiernos autoritarios buscan controlar a los medios de comunicación, sea multiplicando sus propios órganos de prensa, a costa del erario público, o utilizando una gran variedad de procedimientos para acallar a la prensa libre. Y la verdadera amenaza siempre viene del poder político, que usa desde la propaganda y publicidad estatal pagada, hasta la otorgación de licencias de funcionamiento condicionando los contenidos para seguir en el aire. La norma regula a los medios de comunicación anteponiendo argumentos técnicos y administrativos a preceptos universales de libertad de expresión.En todo caso, el Estado no sólo debe garantizar el derecho a emitir libremente las ideas y opiniones por cualquier medio de difusión y así prevenir la corrupción, sino también garantizar que no haya ningún tipo de censura. Mientras la democracia promueve la libertad de información, el secreto promueve la corrupción. El secreto impide conocer qué se hace con la cosa pública y cualquier control resulta difícil si los procesos de toma de decisiones permanecen ocultos a la discusión pública.En realidad, sin libertad de expresión e información, la administración pública se convierte en una ‘caja negra’ y la colectividad no tiene acceso a conocer las decisiones que se toman en su nombre. Los Gobiernos autoritarios, que buscan por todos los medios matar al ‘mensajero’, no sólo que no comparten a plenitud los valores democráticos y las libertades públicas, sino que el debate, la crítica, las denuncias, los juicios de valor sencillamente no tienen cabida: la libertad de expresión molesta a todos los gobiernos, porque a nadie le gusta que lo fiscalicen y controlen, peor aún cuando se denuncian casos concretos de corrupciónFuente: eldeber.com.bo