La mayor parte de bolivianos se dedica a la producción y comercialización de alimentos, y otro grupo importante trabaja en el ámbito textil. El presidente Mauricio Macri aprobó la agilización de las deportaciones de extranjeros.
Trabajadores bolivianos en un taller de la provincia de Buenos Aires. Foto: Periodismohumano.comLa nueva política migratoria del presidente Mauricio Macri es vista como una «excusa para reventar a los talleres» de costura e intentar camuflar la realidad del desempleo, afirmó Iván Terán, delegado de la Comisión Organizativa del Trabajo Alternativo en la Indumentaria (COTAI).“A muchos se los va a vincular con el crimen organizado, la explotación laboral y el tráfico de personas. Si ello sucede, vamos a tener muchas familias que se van a desintegrar, ya que se expulsará gente o ya no se la dejará entrar. Es una excusa para reventar a los talleres, como sucedió en 2006, pero también es una excusa para tapar la realidad de desempleo e inseguridad de la Argentina”, señaló el dirigente en una nota publica en la versión impresa de La Razón.Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) establecen que por lo menos 400.000 bolivianos radican en territorio argentino, aunque esa cifra puede verse incrementada tomando en cuenta que muchos tuvieron hijos y podrían no estar inmersos en las estadísticas. Las organizaciones de residentes estiman extraoficialmente que cerca de 1.000.000 de nacionales radican en territorio argentino.La mayor parte se dedica a la producción y comercialización de alimentos, y otro grupo importante trabaja en el ámbito textil.El diario Clarín informó que hasta 2016 cerca de un millón y medio de personas resolvieron sus radicatorias permanentes y que nueve de cada 10 provienen de Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia.El decreto lanzado por Macri prohíbe el ingreso y retira permisos de residencia a los extranjeros con antecedentes penales o que hayan ingresado a la cárcel, mientras que las nuevas leyes argentinas no solo abarcan el Código Penal, también los códigos contravencionales de cada provincia. No hay consideraciones por el tiempo de residencia legal de los inmigrantes o por la gravedad de los delitos. (31-01-2017)La Razón Digital / Rodolfo Aliaga / La Paz