Los muertos que nadie reclama en Colombia

Más de 4.000 cuerpos permanecen en Medicina Legal. El forense Jairo Vivas habla del reto de buscar e identificar a los desaparecidos en este país

Jairo Vivas, médico forense.
Jairo Vivas, médico forense.

El proceso de paz con las FARC supone un gran reto para Colombia. La ilusión está puesta en la promesa de buscar a los desaparecidos. Una deuda histórica que el país tiene con las víctimas. Son más de 60.000, según el Centro Nacional de Memoria. El registro del Instituto de Medicina Legal cuenta 80.000. Nada más entre el 2014 y 2017, fueron 24.103, de esos 9.523 son menores de edad.



Jairo Vivas, médico y especialista forense, es el encargado de la identificación y búsqueda de personas desaparecidas. Empezó hace 18 años como perito, haciendo autopsias, y ahora es el coordinador del Grupo nacional de patología. A sus manos llegan los restos que son exhumados y de su boca salen los dictámenes. Él es la cara visible ante las familias que esperan saber si los restos que analizan corresponden a los de su familiar perdido. En unas cajas de cartón, apiladas en un salón de un edifico antiguo en el centro de Bogotá, se guarda parte de la historia de un país que durante años fue desangrado por la guerra.

“No solo por las FARC, también por los paras y por el crimen organizado se han desaparecido muchas personas”, dice el médico, que asegura que los procesos de identificación han mejorado. “A comienzos de los 2000, el porcentaje de cadáveres que se quedaba en condición de no identificados era del 6%, actualmente la cifra es de 1,8%. Lo ideal sería llegar a cero, pero no es fácil en un país tan violento y que no cuenta con muchos recursos para esto”. La firma de la paz representa un reto mayor y el antecedente del proceso con los paramilitares evidencia las dificultades que se pueden asomar en el camino.

En ese caso, se hablaba de la búsqueda de miles de desaparecidos (por encima de 20.000). Doce años después, solo 3.921 han sido identificados y entregados, según datos oficiales. Las mismas cifras señalan que se han exhumado 6.733, que faltan por entregar 4.311 y que han sido halladas 5.267 fosas comunes. “En el 2011 se hicieron cambios en el procedimiento para que fuera más rápido y preciso. Nuestro papel también es aportar elementos que sirvan para la memoria y la verdad”, apunta. Lo normal es que el proceso de identificación se tarde tres meses. Siempre va a depender de las condiciones en que murió, el lugar de donde fue exhumado y el tiempo que pasó desde que fue enterrado, pero también de la información previa. En tiempos de guerra era más difícil que las familias se acercaran a las autoridades para identificar los cadáveres. Sobre todo si se trataba de algún ilegal.

“Con los cuerpos de los guerrilleros la gente temía posibles consecuencias jurídicas”, cuenta el forense. La identificación se hace más lenta cuando las exhumaciones se producen en regiones como Córdoba, en donde por las características del suelo se deteriora más rápido el tejido óseo, explica el médico. Allí, los paramilitares hicieron masacres, descuartizaron a sus víctimas, los tiraron al río, los enterraron. En muchos casos las familias reciben apenas una parte de los restos porque fueron esparcidos y no fue posible ubicarlos. “La última imagen que tienen de esa persona es estando viva, completa. Es doloroso cuando se entregan los restos, pero al mismo tiempo es el fin de una terrible incertidumbre”.

Rosa Helena Herrera busca desde el 2003 a su hijo. Tenía 18 años cuando desapareció. La investigación que se abrió después de su insistencia determinó que agentes de la Policía lo retuvieron en el Valle del Cauca. Lo que vino después sigue siendo un misterio. Esta semana, una vez más Rosa Helena estuvo en Bogotá en la conmemoración de la Semana de los desaparecidos, que cada final de mayo reúne a madres que buscan a sus hijos, a las hijas que no se cansan de clamar para que la justicia determine qué pasó con sus padres. «Creemos en la paz, pero no será completa si no encontramos a los nuestros», dice. Va vestida de blanco, el mismo color de su pelo. Tiene 69 años y asegura que lo único que la mantiene de pie es la búsqueda de la verdad.

Gloria Luz Gómez, vocera de la Asociación de familiares de detenidos y desaparecidos (Asfaddes), reclama que incluyan a las víctimas en las políticas públicas para la búsqueda e identificación. Desde la organización que representa llevan trabajando desde hace 34 años para que no haya olvido. «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», repite desde una tarima en un parque céntrico de la capital colombiana. A su lado, decenas de madres, algunas más optimistas que otras, piden justicia. Muchas guardan la esperanza de que sus esposos o hijos aparezcan vivos, otras se conforman con poder recibir sus restos y acabar con la zozobra.

Colombia tiene una gran oportunidad de alcanzar la verdad y la reparación si logra cumplir con la promesa de buscar a los desaparecidos. El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, dice que descubrir lo que pasó y ayudar a reconstruir la memoria histórica es el gran desafío. “Las víctimas necesitan la verdad para poder perdonar”. Anuncia la creación de un grupo con 153 expertos para apoyar a la Unidad de búsqueda, pactada en el acuerdo de La Habana, pero que todavía no está funcionando. Hay expectativa, pero Valdés intenta ser realista. «No todos los cuerpos se van a hallar, ni se van a identificar y algunos seguramente no serán reclamados o porque sus familiares ya murieron o porque se han desintegrado y es imposible encontrar a alguien que dé información», asegura. Medicina Legal ya ha previsto que sean conservados bajo su cuidado. Desde allí dicen que esperan ser la «albacea» de los cadáveres que nadie reclama.

Fuente: elpais.com