La representante de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Teresa Subieta, informó que la persona que denunció el hecho de tráfico de insumos y pacientes del Hospital Obrero fue amenazada incluso de muerte.
Amenazan a persona que delató la red de tráfico en el Obrero
Fue hostigada y amedrentada. Esta institución, que ya abrió el caso, solicita un informe a las instancias superiores para ver cómo se actuó al respecto.
Cuatro personas fueron enviadas al penal de Obrajes por el caso del hospital Obrero. Foto:Archivo / Página SieteLa representante de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Teresa Subieta, informó que la persona que supuestamente denunció el hecho de tráfico de insumos y pacientes del Hospital Obrero fue amenazada incluso de muerte. Su despacho hace seguimiento al caso.»La persona ha denunciado que evidentemente se desvió los análisis hacia otros sectores y no a los afiliados del Hospital Obrero y aparentemente esto fue por muchos años. Ahora esta persona que denunció está siendo amenazada, amedrentada e incluso le dijeron: ‘vas a ver, te vamos a matar, eres vos la que denunció’”, afirmó ayer Subieta.La representante del Defensor del Pueblo en La Paz explicó que esta persona se atrevió a realizar la denuncia ante su oficina hace una semana, porque ya salió a la luz el caso del tráfico de insumos y pacientes del Obrero.Ante una querella que presentó la Caja Nacional de Salud (CNS) al Ministerio Público sobre uso de insumos de la Unidad de Patología del Hospital Obrero, el 1 de noviembre, la Policía y la Fiscalía intervinieron en el nosocomio y cayó una red de tráfico de servicios y pacientes.En la investigación se arrestó a 13 personas, de las cuales nueve están detenidas: cuatro en el penal de Obrajes y cinco con arresto domiciliario, uno de ellos es el exdirector, Carlos I. por incumplimiento de deberes.De acuerdo con el coordinador departamental de la Defensoría del Pueblo, Edwin Tórrez, la denuncia de esta persona refiere a que recibió hostigamiento, discriminación y amenaza en la función que desempeña.Por ello, es que la Defensoría del Pueblo recibió esta queja y abrió el caso como acoso laboral, ya que en el criterio de la persona afectada no había una certidumbre sobre qué persona haría seguimiento al trabajo que desempeñaba.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo investiga el caso, tal como establece la Ley 870. «Vamos a investigar si a raíz de esta situación, se estarían conculcando los derechos humanos de las personas que hubiesen denunciado”, remarcó Subieta.Tórrez remarcó que ellos ahora realizan varias acciones al respecto. «Ahora vamos a enviar un documento escrito ante las instancias respectivas para que nos expliquen qué acciones han tomado respecto a esas denuncias”, indicó.Sin embargo, aclaró que ellos no se inmiscuirán en el caso de la red de tráfico de servicios.Página Siete / Verónica Zapana S. / La Paz