Hay siete policías vinculados a feminicidios y otros crímenes

Los casos en los que los uniformados de la Policía Boliviana se vieron envueltos pasan por violaciones, golpizas, estrangulamientos, ejecuciones y, además, encubrimientos.

Fuente: Página Siete

 



Sergio Mendoza  / La Paz

En las últimas dos semanas al menos siete policías fueron implicados en cinco casos de feminicidios y otros hechos violentos. En algunos de estos casos no sólo se informó sobre la participación de los uniformados como autores, sino también como encubridores para garantizar la impunidad de sus camaradas.

Las autoridades de la Policía y el Gobierno lamentaron que de esta forma se manche la imagen de la institución; aunque el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, resaltó que la formación policial puede desencadenar acciones violentas y abusivas en algunas personas.

“Estos problemas psicológicos pueden despertar o acrecentarse en el proceso de su carrera por el uso del poder, por el uso del arma, por las preparaciones que van recibiendo los policías”, dijo Murillo ante la prensa.

Uno de los casos que causó más conmoción fue el feminicidio de Betsabé Mara, ocurrido el 11 de agosto a manos de su pareja, el teniente Adán Boris Mina.

Las investigaciones evidenciaron que el policía, de 34 años, disparó, después quemó y cercenó el cuerpo de la víctima, de 24 años. El criminal ya fue condenado a 30 años de cárcel.

La semana pasada Murillo indicó que en este caso hay dos o tres policías que encubrieron al teniente. Sin embargo, los investigadores siguen tras ellos.

El 16 de agosto un hombre de 40 años fue estrangulado  en las celdas de una estación policial en la ciudad de El Alto, donde estaba encerrado por agredir a su propia madre. Las investigaciones dieron cuenta que el policía Ignacio M.M. lo mató y dos de sus colegas (Víctor S.Q. y Rudy Q.C.) intentaron encubrir el crimen.

Por ello, el primer imputado fue enviado al penal de Chonchocoro de forma preventiva y los otros dos recibieron detención domiciliaria.

El 19 de agosto, en la ciudad de Oruro, a pocas cuadras de la plaza principal, una madre y su hija (de 78 y 60 años, respectivamente) fueron violadas y asesinadas, señaló el fiscal asignado al caso, Alexander Casanova.

Uno de los dos autores, ambos a la fecha fueron capturados, fue identificado como Julián H.A. un efectivo policial que se encontraba de vacaciones.

El 21 de agosto, nuevamente un policía identificado como David T.A., de 36 años, fue aprehendido en Santa Cruz después de que  golpeara y amenazara de muerte a su exconcubina, a quien ya había agredido anteriormente. Por ello, lo encarcelaron de forma preventiva.

Por último, el 22 de agosto se informó que un subteniente de la Policía agredió y amenazó a su enamorada con un arma de fuego en la mano. El hecho ocurrió en la zona Cotahuma, en La Paz.

Experto: Se deben atender las denuncias al principio

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, anunciaron que a partir de ahora, ante los constantes actos violentos de los uniformados, los efectivos que quieran ascender al grado inmediato superior deberán presentar un certificado de antecedentes sobre hechos de violencia y rendir un examen psicológico.

Un experto que trabajó de cerca con la Policía en años pasados y que pidió mantener su nombre en reserva indicó que estas acciones, asumidas de forma instantánea, son “un saludo a la bandera”.

El experto explicó que en primer lugar es posible que sólo se restrinja el ascenso a quienes tengan una sentencia ejecutoriada registrada en el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sippase), etapa a la que pocas veces se llega.

Segundo, dijo que un test psicológico no es garantía de que “no vas a matar a alguien”.

En este sentido, resaltó que una de las mejores acciones que se puede tomar es hacer seguimiento de cerca a las denuncias que se presentan por hechos de violencia contra los policías. “¿Qué pasa cuando la mujer de un policía hace la denuncia?,  ¿se hace seguimiento a los casos? A mi parecer no se hace nada y es ahí donde hay que empezar”.

Por otro lado, resaltó que con la medida asumida por el Gobierno lo único que se logrará es crear mayor burocracia para los uniformados, y que mayor burocracia significa oportunidades para actos de corrupción.