Se ha establecido el Comité Interinstitucional de Defensa del Campo Margarita, que está encabezado por la Gobernación, municipios y demás instituciones que son parte del Comité Cívico de Tarija
Fuente: El País
A tres días de conmemorarse el 205 aniversario de la Batalla de La Tablada en Tarija, lejos de ser un ambiente festivo, las instituciones departamentales y organizaciones cívicas han conformado el Comité Interinstitucional de Defensa del Campo Margarita, esto, ante el nuevo estudio de factor de distribución, que levanta dudas y susceptibilidades, pues se advierte poca transparencia de parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y cierta parcialización a favor de Chuquisaca. Para las autoridades tarijeñas, primero se debe certificar las reservas de gas.
El tema salió a flote después que, a principios de febrero, el Gobierno Nacional anunció el hallazgo de gas en el pozo Margarita 10, que es parte del mega Campo Margarita, el cual tiene la figura de “campo compartido” entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca.
Este Comité Interinstitucional de Defensa del Campo Margarita establecido en Tarija, está integrado por la Gobernación, los gobiernos municipales, además del Comité Cívico que representa a diversas instituciones. Se prevé sumar la representación de la Región Autónoma del Chaco.
El gobernador del departamento de Tarija, Oscar Montes, confirmó que ha tomado contacto con las autoridades del Chaco para conformar un solo bloque de defensa de los recursos hidrocarburíferos. Asimismo, dejó las puertas abiertas para las instituciones y sectores que quieran voluntariamente adherirse a este propósito.
“(La defensa) lo vamos a hacer primero agotando la vía administrativa, que es en la etapa que estamos actualmente, mandando cartas, esperando respuestas que hasta el día de hoy no llegan. En una segunda etapa, se agotará la vía legal, porque a nuestro criterio se están realizando algunas contravenciones a principios como la Constitución Política del Estado (CPE)”, expuso.
Montes mencionó que la CPE establece que debe existir paridad entre las partes involucradas, bien común y lealtad institucional, factores que a su parecer no está cumpliendo ni YPFB ni el Gobierno
“Yacimientos ha estado, de manera unilateral, asistiendo al departamento de Chuquisaca, a reunirse con sus instituciones, sin dar parte de esas acciones a Tarija, eso es una contravención a los principios de la CPE, además de una serie de otros elementos que los estamos discutiendo que serán parte de la lucha legal”, apuntó.
Certificar las reservas
Para el Gobernador de Tarija, antes de hablar de un nuevo estudio de factor de distribución, es necesario que el país pueda certificar sus reservas hidrocarburíferas, posterior a ello definir cuánto corresponde a cada región productora.
“Estamos queriendo empezar a distribuir algo que no sabemos el volumen. Lo que nosotros estamos planteando a Yacimientos es que haga las cosas conforme establece la ley, y la Ley de Hidrocarburos es muy clara en todos sus artículos y la Constitución Política del Estado”, enfatizó.
Sumado a toda esta polémica, el representante de Tarija ante el Directorio de YPFB, Manuel Campero, denunció que pese a estar delegado en la representación, el pedir información respecto a la situación hidrocarburífera del país y del departamento, “es imposible”.
“Yo siendo miembro del Directorio, tengo como 10 cartas mandadas a la presidencia del Directorio, así también al Ministro de Hidrocarburos, al presidente de YPFB, pero hasta ahora no me responden una carta”, reclamó.
A su turno, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, señaló que se ha venido trabajando desde hace tiempo atrás de manera silenciosa, coordinando con diferentes instituciones y profesionales, con el único objetivo de defender los intereses del departamento. Empero, lamentó la falta de transparencia con la que se maneja YPFB y el Gobierno.
Montes cuestiona a la Asamblea
Frente a toda esta coyuntura que se viene dando en materia de los hidrocarburos y la defensa del Campo Margarita, Montes cuestionó la actitud adoptada por la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), que lejos de acompañar las acciones de salvaguarda de los intereses del departamento, están “obstaculizando” y dejando en segundo plano la ley de emergencia por los hidrocarburos, además por evadir tomar una postura oficial.
“Necesitamos un marco jurídico que nos pueda dar la Asamblea, para modificar este presupuesto, que si bien existe una ley (de hidrocarburos) del año 2016, pero es una normativa departamental que no nos autoriza a disponer recursos de este presupuesto. Pero son temas administrativos que esperamos resolverlos, más allá de aquello, esperamos que nuestros 30 asambleístas estén firmes para defender los intereses del departamento”, enfatizó Montes.
Argumentan 5 razones para rechazar el estudio
El vicepresidente de la ALDT, Mauricio Lea Plaza, argumenta cinco razones por las que Tarija debe rechazar el estudio de actualización del factor de distribución. Primero que, YPFB no incluyó a Tarija en el proceso de contratación y realización del estudio de actualización; según la Ley de Hidrocarburos quien debe contratar el estudio es Repsol como titular del campo, no así YPFB.
Tercero, no se cuentan con datos actualizados de las reservas certificadas del campo Margarita; cuarto, la norma que regula los reservorios compartidos no tiene un rango de un reglamento de la Ley de Hidrocarburos; finalmente, observa que YPFB y el Gobierno no están asumiendo un papel imparcial y transparente en este proceso.