Después de que la asociación de jueces se declaró en emergencia por la ley que aumenta la pena por el delito de prevaricato, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, defendió la norma y señaló que las autoridades judiciales honestas deberían estar tranquilas.
“Ser juez en Bolivia, ser magistrado en Bolivia debería ser considerado el más alto honor para un abogado y al final el que nada tiene nada teme”, dijo Molina en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.
Señaló que “no es malo el sueldito” que reciben las autoridades judiciales y que no pasará nada si no tienen la intención de enriquecerse ilícitamente.
La ley cuestionada por los jueces sube hasta 20 años de cárcel la sanción por prevaricato. También incrementa la pena por consorcio e impide que se libere a personas detenidas por delitos como feminicidio, infanticidio y violación de menores.
Molina señaló que la ley responde a la crisis estructural que ha vivido el sistema de justicia y que se ha puesto en evidencia en esta gestión, con jueces inescrupulosos que estaban liberando delincuentes por botellas de Whisky y dinero.
En una reflexión a los abogados, el presidente de la Magistratura dijo que de qué sirve tener estudios de excelencia y ser un buen profesional si estarán a expensas de que “algún hijo de vecino ponga plata a un juez” y le gane procesos-
De parte de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), su presidenta Grenny Bolling advirtió que impedir otras medidas cautelares que no sean la detención preventiva viola los derechos humanos.
Respecto a la sanción por prevaricato, la dirigente advirtió que se puede tomar como un medio de presión para que jueces se excusen o emitan una determinada resolución.
“Estamos seguros de que el juez tiene como base fundamental trabajar bajo una independencia, es decir libre en el momento de emitir una resolución. Solamente teníamos que estar sujeto a la Constitución a las leyes y por supuesto a una a nuestra conciencia”, dijo Bolling en el programa La Tarde en Directo.
Señaló que ya tiene una denuncia de Beni, en la cual un juez está siendo objeto de amedrentamiento para que se excuse de un proceso.
La dirigente de Amabol reconoció que la norma promulgada se motiva por casos como el de Richard Choque, el feminicida liberado por un juez y que volvió a delinquir. Explicó que se debería modificar las normas en estos temas, pero vulnerar derechos y la Constitución.
Bolling dijo que pedir la inconstitucionalidad de la ley requiere, por norma, el patrocinio de un legislador, pero de todas maneras se está haciendo conocer el caso a entidades internacionales.
En respuesta a Molina, Bolling recordó que los jueces son nombrados por el Consejo de la Magistratura y que además no son única instancia de decisión en los casos, puesto que también están los vocales y magistrados.