Raúl Velásquez, experto en temas hidrocarburíferos, dijo que las comunidades ahora no tienen un «árbitro», porque deben enfrentarse al Estado que precautela los intereses de sus empresas.
Tariquía y las actividades para la explotación. Foto: Facebook Tariquía
La Paz.- Las comunidades indígenas se quedaron sin un “arbitro” que vele por sus intereses, porque antes se enfrentaban a las empresas petroleras y el Estado protegía sus derechos, pero ahora deben enfrentarse al “Estado-empresa” que tiene sus propias compañías interesadas en la exploración y explotación de hidrocarburos.
Fuente: ANF
Esa es la experiencia que atraviesan las comunidades en la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía, así como en otras regiones del país, donde las comunidades indígenas o campesinas tienen que enfrentarse con el Estado y sus empresas petroleras.
La empresa boliviana YPFB Chaco subsidiaria de YPFB Corporación ha suscrito contrato con Petrobras Bolivia para la exploración en el campo Astillero del pozo Astillero X-1. Las actividades de para implementar el campo han empezado.
“Hasta antes del año 2005, tenían que enfrentarse comunidades versus empresas petroleras, sin embargo, a raíz de la ley 3058 el decreto supremo llamado de nacionalización 28701 estas comunidades tienen que enfrentarse a un Estado-empresa”, sostuvo el experto en hidrocarburos, Raúl Velásquez.
En el pasado, el Estado mediaba entre las comunidades y las compañías petroleras, pero ahora el Estado tiene sus propias empresas hidrocarburíferas con sus intereses de extracción para sostener el modelo de desarrollo económico extractivo.
“El Estado a través de sus empresas como YPFB Chaco y YPFB Corporación tienen sus intereses y deja a las comunidades sin un árbitro que pueda intermediar entre los intereses de ambos actores”, precisó.
Específicamente en el caso de Tariquía, Velásquez detalló que la reserva alberga al menos 808 especies de flora y más de 1.000 especies de fauna, que “se van a ver bien afectadas por la actividad humana no solo por el tema hidrocarburífero, sino porque la exploración y explotación exige mayor presencia humana.
Explicó que -por ejemplo- hay actividades como la sísmica que demanda la apertura de sendas para el ingreso de vehículos que transportan equipos para desarrollar esas actividades, lo que genera impactos al medio ambiente, a la fauna y a la flora.
YPFB Chaco en pasados días minimizó el impacto, dijo que de la superficie total de la reserva el proyecto operará solo en el 0,004%.
“La magnitud de las actividades que vamos a ocupar solo es el 0,004% del total de la reserva, la superficie total es 246,870 hectáreas (has), el proyecto solo va a ocupar 11 has, siete son áreas intervenidas”, sostuvo la coordinadora de Medioambiente de YPFB Chaco, Soledad Melendres.
Argumentó que desde los años 70 ya existe actividad hidrocarburífera y que el camino ya está abierto en un tramo de 7 kilómetros y que actualmente solo se estaría haciendo mantenimiento. No obstante, reconoció que se abrirá nuevo camino en 0,2 kilómetros que les permitirá llegar a la planchada donde se implementará el proyecto, dijo a la red Uno.
“No es la primera vez que vamos a realizar actividad hidrocarburífera en área protegida, ya venimos realizando estas actividades de forma exitosa cumpliendo la normativa vigente”, remató.
Sin embargo, Velásquez discrepa con esta posición, porque la reserva es un ecosistema en el que se entrelazan todas las actividades, independientemente que el campo y el pozo de exploración sean pequeños.
“Si haces una actividad extractiva en un espacio muy pequeñito por ser un ecosistema generas un impacto ambiental en todo el resto, entonces por más que la extensión del pozo y campo que se implemente sea pequeña en relación a todo el territorio del parque sí existe afectación ambiental porque son ecosistemas, no es algo tan pequeño”, explicó a la ANF.
En el departamento de Tarija hay cuestionamientos a la política gubernamental en materia de hidrocarburíferos porque no consideran las afectaciones medioambientales y sociales que puede tener estas actividades.
Sin embargo, en pasados días la Comisión de Tierra y Territorio a la cabeza de la senadora Cecilia Requena verificó el movimiento de maquinaria en la zona.
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