De acuerdo al concepto de impunidad, se puede explicar, la misma, cómo la condición en la que se permitió cometer delitos, sin que los responsables paguen por las consecuencias de sus actos.
Durante el paro cívico de 36 días en Santa Cruz, esta ha tenido duras consecuencias, como manifestó el economista Chávez, la economía crecería hasta fin de año un 5.1%, pero este se vería afectado por este paro. Además, durante esta medida, cuatro personas perdieron la vida, una violación grupal, agresiones físicas, verbales, actos de discriminación, racismo y destrozo de bienes del Estado y cobros por peajes en las rotondas a las personas que querían trabajar. Todo esto a la vista y paciencia de Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar, quienes con preguntas muy bien manipuladas, pidieron Censo 2023 y hasta amenazaron con muerte civil a quien fuera en contra.
Ahora, después de todos estos hechos, se victimizan y dicen ser perseguidos judicialmente, argumentando que el derecho a la protesta pacífica está garantizado en la CPE. Pero hay que recordar que cuando otro sector marcha o protesta, Rómulo Calvo los trata como vestías humanas.
En estos últimos días, el rector Cuéllar, ha vuelto a ser noticia tratando de generar otro conflicto, declarando en conferencia de prensa que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno está en crisis, y no tiene recursos para pagar sueldos y salarios y otras obligaciones y que la situación que atraviesa es insostenible.
De acuerdo a los datos oficiales, para la gestión 2022 se programaron Bs. 3.614 millones para todas las universidades del sistema público, de los cuales Bs.530 millones habría ya recibido la UAGRM, y tendría en caja y banco Bs.108 millones, vale decir, dinero que pueden utilizar. El punto es, que los recursos por coparticipación tributaria son destinados a gastos de funcionamiento, o sea a sueldos y salarios, mientras que los recursos por IDH son para gastos de inversión e investigación en las universidades. Es cuestionable que los recursos destinados al funcionamiento se hayan terminado más antes que la gestión programada, lo que nos puede llevar a un mal pensamiento o suposición, ¿estos podrían haber sido destinados a otros fines?, lo que explicaría como se puede mantener a personas bloqueando durante 36 días, con parrilladas, whiskys y fiestas en las rotondas y personas encargadas en controlar los puntos de bloqueo.
Es paradójico, que el bloqueador que impidió que se generen recursos, ahora esté pidiendo y reclamando recursos para la UAGRM; además vaya a recibir un premio por el perjuicio que causó a todos los bolivianos. Pero a pesar todo esto, el presupuesto para las universidades para la gestión 2023 está garantizado, con una programación de Bs. 3.679 millones y un incremento del 3.9%, más que esta gestión. Presupuesto que no está siendo aprobado en el poder legislativo por rupturas políticas y que no compren el carácter técnico y la importancia que esta tiene para las instituciones públicas y gobiernos regionales, quienes elaboran sus presupuestos desde el mes de abril, lo que tendría como consecuencia cortes en programas y proyectos que están reactivando la economía.