En 7 días, la CIDH falló 3 veces en contra del Estado boliviano

Acaba de declarar responsable al Estado por el caso de Blas Valencia.
En 7 días, la CIDH falló 3 veces en contra del Estado boliviano - El País - Opinión Bolivia
Fuente: Opinión

En una semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable internacionalmente al Estado de Bolivia por tres casos. En las últimas horas, se pronunció respecto al caso del expolicía Blas Valencia y otros implicados. Observó «violaciones a derechos humanos».

Esta causa se remonta al atraco armado a una remesa de 2001. La CIDH dispuso que se paguen indemnizaciones que suman alrededor de 800 mil dólares para los afectados y su defensa.

El robo se registró en diciembre de 2001, cuando el grupo delincuencial atacó un vehículo de seguridad de la empresa Prosegur en la ciudad de La Paz. Hubo una balacera que derivó en la muerte de tres personas.



El principal implicado en el atraco, el expolicía Blas Valencia, acudió ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, junto a su familia y otros investigados en el caso, para denunciar violaciones a sus derechos humanos como la tortura, detenciones y allanamientos a viviendas realizados con violencia.

 

Después del proceso, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal, a la vida privada, al domicilio, a la protección de la familia, al derecho de propiedad, a la integridad personal, al derecho de la mujer a vivir libre de violencia, los derechos de la niñez, el derecho a la vida, a la salud, a las garantías judiciales, la protección judicial, a la honra y dignidad así como el deber de investigar actos de tortura y la violencia contra la mujer.

La Corte consideró que los allanamientos nocturnos y las detenciones realizadas eran contrarios a la normativa constitucional vigente y que, junto con el uso de fuerza desmedida, implicaron una violación a los derechos humanos.

Durante los allanamientos nocturnos se afectaron de forma desproporcionada los derechos de los niños y adolescentes presentes, así como el derecho a la vida familiar. Asimismo, las mujeres fueron víctimas de torturas sexuales durante sus detenciones. Las malas condiciones que sufrieron durante sus detenciones implicaron, además, una violación al derecho a la integridad personal, según la Corte.

De la misma manera la Corte consideró que el Estado violó el derecho a la vida de una de las víctimas que murió a consecuencia de una falta de atención médica adecuada. Asimismo, una de las víctimas sufrió un aborto a consecuencia de la violencia sexual sufrida y no contó con atención médica adecuada, por lo que se consideró además una violación al derecho a la salud.

Se determinó, además, que varias de las víctimas fueron exhibidas a los medios de prensa como autores del atraco a la camioneta cuando ni siquiera habían sido objeto de una imputación formal, por lo que se consideró que se afectó el principio de inocencia. Dificultades en el contacto con la defensa de oficio, implicaron también violaciones al derecho de defensa.

REPARACIÓN

Entre las medidas de reparación, la Corte dispuso que en un plazo razonable se realicen los procesos penales correspondientes con el fin de juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables por los actos de tortura y vejaciones en contra de las víctimas.

Determinó que Estado brindará el tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico que requieran las víctimas, además que implemente capacitaciones en materia de derechos humanos, así como los protocolos en materia de tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que participen en actos de investigación y administración de justicia y de investigación de casos de violencia sexual.

INDEMNIZACIÓN

En cuanto a las indemnizaciones, la Corte fijó cantidades que el Estado debe pagar a las 26 víctimas montos que van desde los 10 mil hasta los 65 mil dólares.

El monto más alto, de 65 mil dólares, es para una mujer quien sufrió un aborto a causa de la violencia que sufrió por parte de la Policía.

Blas Valencia, el principal implicado en el atraco, debe recibir 20 mil dólares.

En el caso de 12 víctimas, la indemnización es de 40 mil dólares, incluyendo un adicional de mil dólares para una persona cuyas joyas fueron secuestradas y no devueltas.

Un total de 11 víctimas el pago debe ser de 20 mil dólares y dos deben recibir 10 mil.

Para las víctimas que ya fallecieron la indemnización debe pagarse a sus derechohabientes.

Para cubrir gastos solicitados, la Corte fijó un monto de 10 mil dólares para cada una de las tres representaciones de las víctimas.

Estableció un plazo de un año para cancelar las indemnizaciones y, en caso de mora, se debe pagar un interés.

TRES FALLOS EN CONTRA

El 19 de enero, La CIDH responsabilizó al Estado por la violación de los derechos humanos de Brisa, una víctima de violencia sexual que ha sufrido la revictimización en el proceso judicial respectivo.

La decisión se conoció mediante una sentencia del organismo que fue notificada este jueves.

Esta causa es paradigmática respecto a los derechos humanos de Bolivia, porque marca los estándares con que se deben tratar los casos de violación y evitar la revictimización.

En esta situación particular, la víctima es una mujer que cuando tenía 16 años sufrió violencia sexual de parte de su primo de 26, entre los años 2001 y 2002, en Cochabamba.

 El 20 de enero, la Corte encontró al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, durante el golpe de Estado de Luis García Meza en 1980.

Asimismo, determinó que el Estado es responsable de violaciones de diversos derechos de sus hermanas Olga Beatriz, Verónica, Eliana Isbelia y Lilian Teresa, todas Flores Bedregal, cometidos en el marco de los procesos judiciales y administrativo en la búsqueda del esclarecimiento de lo sucedido.

Por estas violaciones, determinó diferentes medidas de reparación como investigar el caso, la asistencia a la familia de Flores e indemnizaciones pecuniarias.

Juan Carlos Flores era dirigente del Partido Obrero y estaba en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) el 17 de julio de 1980, cuando se dio el asaltado por fuerzas militares y paramilitares integrantes del golpe de Estado.