El presente artículo, es una compilación y complementación de mi último artículo “El Rol del Estado Boliviano hacia el Bicentenario ¿Tenemos Esperanza?” y varias ideas expresadas en otros artículos y en mi libro que lo encuentra en redes sociales, “Diagnóstico y Acciones en el Ámbito Productivo – Comercial para la Recuperación Económica. Bolivia 2030”.
El Estado es un modo o modelo de organización que permite la vida y convivencia de una sociedad, cuyos componentes principales son el territorio y la población, administrados por un gobierno.
Un apunte importante es que la organización estatal surge, primero de la necesidad y el bienestar individual, para luego concretar un bienestar social, o sea, debe asegurar los derechos individuales y las necesidades sociales. Por lo que el Estado debe promover “acuerdos” (Constitución y Leyes), ejerciendo su poder sobre la sociedad, sin necesidad de coaccionar y extorsionar a los individuos, sino solamente regulando o limitando su comportamiento, ligado a la moral y la ética “colectivas”. Esto significa que el Estado debe garantizar y proteger los derechos y la seguridad de los ciudadanos, manteniendo el orden, la paz y la normal convivencia de la sociedad, promoviendo el bien común.
También se debe entender que, desde tiempos antiguos, la principal actividad de los seres humanos fue y es la supervivencia y la acumulación de riqueza, que constituye una gran parte del bienestar común. Por lo que el Estado, de ninguna manera debería contraponerse a ese fin.
En este sentido, es importante, inicialmente, entender a qué nos referimos cuando hablamos de “poder”. El mismo está definido como la capacidad o facultad de hacer determinada cosa, sin que nada lo impida; y, cuando este vocablo se refiere al poder estatal, se piensa que el Estado debe garantizar la libertad y los derechos de las personas, así como; de manera principal, la sobrevivencia y acumulación de riqueza. Claramente el Estado, debería estar al servicio del pueblo y no al revés. En otras palabras, el poder al servicio de la gente. Con estas ideas en mente, citamos algunas de las funciones estatales más importantes.
El Estado debe establecer las “reglas de juego”, debe ser un árbitro que interpreta y hace cumplir las reglas, los contratos y los convenios y el mantenimiento de la ley y el orden, para prevenir la coacción física y/o psicológica de un individuo sobre otro (o de un grupo a otro) a favor de intereses particulares o de gobernantes. Por esto, el Estado jamás debe participar directamente en la economía y en la sociedad como un “tercer interesado”; pero más importante aún, no debe confiscar de manera exagerada la riqueza generada por los ciudadanos (coacción ilegítima). El Estado, debe facilitar la vida de los ciudadanos y debe respetar la riqueza de los individuos.
El Estado debe garantizar reglas abstractas y de aplicación general que faciliten los diversos fines individuales (Hayek). Para lo cual debe establecer reglas justas en torno a un objetivo común: la sobrevivencia y la acumulación de riqueza.
El Estado debe asegurar y hacer respetar la seguridad y los derechos de propiedad de los ciudadanos. El territorio, primero pertenece a los ciudadanos y luego al Estado (propiedad privada). Esta misma lógica debe ser válida para los recursos naturales y los medios de producción en general. En la CPE se estipula que los recursos naturales pertenecen a los bolivianos, pero que podrían ser administrados por el Estado (gobierno). Sin embargo, la administración de los mismos no debería significar necesariamente explotar de manera directa los recursos naturales u otros bienes en general. El problema es que cuando la política se sobrepone a las decisiones ciudadanas, y los mismos políticos son los que explotan los recursos a través de empresas públicas, se pierde eficiencia, y, por lo tanto, se da una inadecuada asignación de los recursos a sus mejores usos (pérdidas). Una característica principal de un Estado moderno debe ser la eficiencia.
La función del Estado como agente económico debe ser desechada. Primero porque esto implica contar con un Estado que “distribuye riqueza”, y dado que las empresas estatales son ineficientes, en los hechos sólo se distribuye “limosna”. Es una verdadera aplicación de la teoría del “derrame”, sólo que en manos del Estado (Los beneficios que se generan son para los políticos y sus amigos, lo que sobra o rebalsa, para los demás). Segundo, porque sabemos que el Estado no es verdaderamente un agente económico, ya que no puede crear riqueza ni inversión; para obtener ese dinero, debe quitarle a alguien su riqueza, al ciudadano (impuestos, empresas públicas, confisca recursos naturales, etc.). Tercero, es claro que el Estado no debe competir con los verdaderos agentes de la economía. Cada centavo de inversión pública es un centavo menos para la actividad económica de todos los bolivianos, y produce un efecto crowding out hacia los privados (la inversión pública desplaza la inversión privada). El poder económico debe estar separado del poder político (Friedman), y este último, estar sólo al servicio del pueblo y no de intereses de grupo.
El Estado debe aceptar que la generación de riqueza y coordinación de la actividad económica en general, deben efectivizarse en el mercado. El mercado, protege a los consumidores y productores porque promueve las relaciones impersonales (sin importar raza o adhesión política), y esto, asegura el intercambio voluntario, coordinado y beneficioso entre agentes, sin coacción, en un contexto en el cual se asegura la cooperación voluntaria entre individuos (división y especialización del trabajo), de acuerdo a las necesidades reales de la población.
Sin embargo, una de las críticas tradicionales a los mercados, es la imposibilidad de los mismos para evitar la acumulación de riqueza en muy pocas manos. Debemos estar conscientes que para que el mercado sea eficiente y distribuya equitativa o eficientemente los recursos (muchos le llaman justicia social), la distribución inicial de factores debe ser más o menos equilibrada. Si el mercado crea pocos ricos y muchos pobres es ineficiente, ya que está desaprovechando el pleno empleo, que implica el uso eficiente de los recursos (máxima capacidad instalada, niveles de desempleo bajos, uso eficiente de recursos naturales). Para que seamos millones los que generemos valor (producción) y no sólo unos cuantos, debe existir igualdad de oportunidades y condiciones, por lo menos en cierta medida. Desde mi criterio, éste es el problema fundamental de le economía boliviana, a lo que denomino: “problemas de escala”.
Por las ideas expuestas, el Estado, no debe intervenir en la distribución de la riqueza –como dijimos anteriormente-, sino en la distribución primaria de los factores económicos (generadores de riqueza) y así incentivar al mercado para que trabaje de manera eficiente y “automática”. Si muchas familias no cuentan con disponibilidad y acceso a los factores económicos y no pueden usarlos, no podrán generar empleo ni riqueza (el 85% de la población en Bolivia es informal, por lo que tienen una limitante técnica para la generación de riqueza). Entonces, el tamaño gigantesco del Estado, no sólo ha confiscado la riqueza de los bolivianos, sino, ha limitado y secuestrado las posibilidades de generar riqueza (nos quitó el pescado y la caña de pescar).
Si una familia tiene una pequeña dotación de factores (una casa y una tienda de barrio) y otra tiene una gran dotación (un auto, una mansión y una fábrica), claramente en el tiempo, la brecha de riqueza entre una y otra crecerá. Si esto se cumple en la generalidad de la población, habrán muchos pobres y pocos ricos, muy ricos. Esta diferencia es claramente ineficiente y limita el crecimiento y desarrollo, porque son muy pocos los principales actores que generan excedentes.
La única manera para que un modelo sea exitoso, es que éste haya podido generar las condiciones para generar riqueza y desarrollo de manera sostenible, por lo tanto, que haya mejorado las condiciones de vida de gran parte de la población y no sólo de unos cuantos.
En ese sentido, mencionamos a continuación, algunas medidas de política para cambiar la estructura económica y política del Estado, al servicio del ciudadano. Debemos devolverle al ciudadano su capacidad de generar valor y riqueza.
El Estado debe achicarse. En una primera fase y tomando como base lo discutido hasta este punto, todas las instituciones de servicio estatal deberían ser administradas por privados. La propiedad debería ser del Estado, pero la administración delegada a privados. Contaríamos con instituciones eficientes de derecho público, donde el Estado sea el juez o árbitro, y no un “tercer interesado”.
El Estado debe achicarse, allá donde el trabajador público tiene la posibilidad de extorsionar (usar su “poder”) a los ciudadanos, instituciones o regiones. ¿Qué ciudadano boliviano, se opondría a que las instituciones sean eficientes y dejen de cobrar “coimas”?. Podemos citar algunas: SENASAG, SENRECOM, Derechos Reales, Aduana Nacional y otras.
La administración privada de dichas instituciones de servicio a los agentes económicos, privilegiará la eficiencia y la meritocracia en beneficio de la sociedad, y el Estado controlará y fiscalizará el buen desempeño de las mismas. Alejaremos definitivamente el poder político de estos servicios imposibilitando la coacción del Estado hacia los ciudadanos.
En una segunda fase, el Estado debe devolver la propiedad privada a las familias. La tierra debe ser de quien la trabaja (sin discriminación ni favoritismos). Por ejemplo, los productores de quinua en el altiplano requieren que la tierra sea de propiedad de ellos mismos y no que sean tierras comunitarias de origen. Deben poder embargarla, alquilarla o venderla, lo cual incentivará una mayor inversión y generación de excedentes de manera directa a las familias. Por lo tanto, se deberá dotar tierras en propiedad a todo aquel que quiera producir en ella, de manera gratuita. Similarmente (y seguro hay muchos ejemplos más), los gremiales o comerciantes deberán tener en propiedad sus casetas o puestos de trabajo. Cuando la propiedad de los factores de producción pase a manos de las familias de manera mayoritaria -dueños originarios de los mismos-, se generarán verdaderas condiciones para la generación de riqueza para todos los bolivianos.
En otro ámbito, una de las principales formas de confiscación de la riqueza a los bolivianos, fue la inversión en empresas públicas, que durante los últimos años significó más de 15 millones de dólares. Dicha inversión fue generada a partir de la explotación de recursos naturales y otros, que pertenecían a los bolivianos. El Estado debe devolver esa riqueza a sus dueños (los bolivianos), nacionalizando las empresas públicas.
Una vez que se detecte qué empresas públicas pueden ser eficientes y útiles para la sociedad, se debe transferir gratuitamente (por lo menos en parte) la propiedad de dichas empresas a todos los bolivianos. Con esta acción el Estado devolverá la riqueza a todos los bolivianos de manera efectiva.
Por último, una de las tareas importantes del Estado, será coadyuvar e incentivar la transferencia de tecnología hacia la ciudadanía. Claramente, la vida en las ciudades bajo un molde de desarrollo occidental; en el ámbito de la producción y el consumo, ha desnudado una gigantesca brecha tecnológica del país respecto al mundo, que ahora se hace más evidente con la globalización y el internet. Por lo que, parte de esa riqueza que se propone transferir a los ciudadanos, deberá servir para promover mayores inversiones productivas (clusters en torno a las empresas públicas nacionalizadas) y transferencia de conocimientos. Esto deberá provocar un shock de productividad.
Efectivizando estas medidas de política para la nueva Bolivia del bicentenario, cambiaremos definitivamente la estructura económica y política de nuestro Estado, devolviendo a las familias su riqueza y la posibilidad de generar más de la misma, quitándole a los políticos la posibilidad de servirse y enriquecerse utilizando su poder excesivo, y modernizando el Estado, para que la organización estatal esté ahora al servicio del pueblo y privilegie y promocione la generación de valor, el crecimiento económico y la riqueza en favor de las grandes mayorías y no sólo de unos cuantos.
Joshua Bellott Sáenz