Cada año el país termina en números rojos y vergonzosos en relación con la violencia contra la mujer y la violación a niñas y adolescentes. Solo dos ejemplos que ponen al Estado plurinacional entre la pared y que pocos logros se han concretado en el permanente discurso de la despatriarcalización y de la violencia en todos los campos.
La fiscalía presenta sus informes anuales y todo lo convierte en números fríos, como si las personas que fueron asesinadas, las mujeres golpeadas, las niñas violadas fueron solo objetos e incluso se autoalaban porque, dicen, que el 2023 se registraron 81 feminicidios, menos 14% de casos de feminicidios con relación al 2022, que fueron 95 casos.
Hasta el Ministro de Gobierno salió hablando de ello, como diciendo que están trabajando, que están haciendo algo para combatir el asesinato contra las mujeres en Bolivia.
La violencia contra niños, niñas y adolescentes es otra realidad vergonzosa y cruel. En Bolivia se registran por día 110 casos de violencia, siendo el abuso sexual el más frecuente.
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El caso del médico Ronald Sejas que fue asesinado por certificar y denunciar un hecho de violación en Chulumani, nos debe llamar seriamente la atención, ya que la acción contra la vida del galeno nos da un mensaje fuerte: los violadores harán todo para evitar ser encarcelados y mucho más cuando esos agresores sexuales están en el poder. Ahí está impune el caso del diputado Jáuregui, denunciado e incluso con su voz propia de tener relaciones en trío, ahí anda feliz y riéndose de la justicia.
La violencia contra la mujer y el abuso sexual contra niñas y adolescentes son los dos grandes temas de derechos humanos, que el Estado en su conjunto no ha dado respuestas claras y contundentes.
Recordemos que el país tiene una frondosa legislación para proteger, defender y garantizar el derecho de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes: La ley 348, cuyo título frondoso es “Para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, la misma que ya lleva más de diez años de vigencia, instancia que le da responsabilidades al conjunto de entidades del Estado para que hagan su papel, también a los medios de prensa, sistema educativo, universitario, las familias tienen su cuota de responsabilidad.
Esta ley es la que más recursos económicos ha recibido para realizar talleres, seminarios, debates, campañas de promoción, se han creado organizaciones civiles, ONGs y cada vez que hay un hecho mediático, ahí están presentes los alcaldes, ministros con caras compungidas, señalando que se solidarizan con las víctimas, que están haciendo algo, luego se forman comisiones de trabajo, se hacen reuniones más reuniones, pero la violencia contra la mujer sigue en las calles, en las familias, en las oficinas. Es un tsunami que pretenden afrontarlo con reuniones y conferencias de prensa, cuando los hechos demandan acciones integrales, precisas y eficaces.
Es el pan de cada día, porque cada día más de 140 mujeres sufren algún tipo de agresión, situación que nos obliga a lanzarles esta pregunta a los actores de este drama: ¿Qué está fallando en Bolivia para que la violencia contra la mujer cada año se incremente?
¿Quiénes estamos fallando para que las mujeres tengan que sufrir este calvario? ¿Falla el Gobierno, el sistema judicial, la Policía, los alcaldes, gobernadores, la escuela, la familia?
¿Por qué aumentan los casos, si las entidades públicas dicen que trabajan, que hacen seminarios, que acuden a los llamados de auxilio, que socorren a las víctimas, que hacen talleres de prevención….? ¿Son suficientes las leyes para enfrentar esta pandemia de la violencia contra la mujer?
En relación con los derechos de los NNA, el país tiene uno de los códigos más avanzados para esta población. El Código de Niño, Niña y Adolescente, vigente desde el 2014, tiene 350 artículos, el cual define claramente las responsabilidades de los municipios, gobernaciones, del sistema educativo, de los medios de prensa y de las familias. Obliga a las unidades educativas contar con psicólogos y unidades de alerta y prevención para evitar las violaciones o abusos, pero la mayoría de las unidades no cuentan con estas instancias.
De modo que también les lanzamos las preguntas: ¿Quién falla y quién no está cumpliendo con su rol en este tema de protección de los derechos de los NNA? ¿Falla el municipio, la escuela, la familia, la sociedad? ¿Por qué cada día hay agresiones sexuales contra niñas y adolescentes, si acaso no están protegidas por las leyes y las instituciones?
Igual se crearon comisiones pomposas, luego de conocerse el caso de la violación en el colegio Alemán, del mismo se hizo un circo para aparentar que las autoridades estaban preocupadas, pero los violadores no fueron detenidos, ni encontrados. ¡Qué contradicciones!
Ya el 2024 empezamos con la pata coja: Katherine M., de 42 años, encontrada sin vida la noche del martes 2 de enero de 2024 en la Organización Territorial de Base Loyola de Quillacollo, Cochabamba, es desafortunadamente la víctima número 1 de feminicidio de 2024. La boliviana A Rosa Vanesa Mamani la encontraron tendida en el suelo de su casa, con signos claros de violencia desmedida. Tenía 20 años y fue madre de dos niños. Fue en Argentina.
El asesinato del médico Sejas, por denunciar un hecho de violación, ya de por sí nos proyecta un año negro, que demanda redoblar esfuerzos de la sociedad y de todas las instituciones del Estado para que a finales de año no estemos otra vez presentando números rojos y vergonzosos y que el permanente discurso de la despatriarcalización se concrete en acciones honestas, planes reales y voluntades de hacer bien las cosas.
Hernán Cabrera M.
Periodista y Lic. en Filosofía