Desde que se implementó la Ley 348, hace 11 años, la Fiscalía General del Estado registró más de 400.000 casos de violencia intrafamiliar y doméstica en el país.
Jorge Fernández
Fuente: Opinión
Inés G., de 38 años, madre de dos niñas, vive atemorizada desde hace ocho meses, debido a las amenazas que recibió de su ahora expareja, quien le advirtió que le quitaría la custodia de sus hijas y tomaría otro tipo de represalias.
Esta mujer, según su testimonio, vivió sometida a la violencia extrema durante al menos cuatro años, pero afirma que desde que empezó su relación con Diego A., el año 2016, era víctima de insultos, empujones y humillaciones.
Confiesa que le costó denunciar al padre de sus hijas, pero sintió cierto alivio cuando lo hizo en mayo del año pasado, sin embargo, quedó frustrada en el camino por la “excesiva burocracia de la justicia” cuando se trata de casos de violencia intrafamiliar.
Por ese motivo, Inés G. decidió abandonar el proceso a inicios de septiembre del año pasado, logró quedarse a cargo de sus hijas, pero no sin antes recibir las amenazas de su pareja, de quien se había separado a principios de 2023.
Inés G. es una más de las víctimas de violencia intrafamiliar que abandona el proceso judicial por cansancio y porque vio que sus recursos económicos no le alcanzarían para costear más exámenes y presentar pruebas, entre otros gastos.
Al respecto, la directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Jinky Irusta, señala que desde la promulgación de la Ley 348, hace 11 años, se registraron más de 400.000 casos de violencia intrafamiliar y doméstica, de los cuales, el 95% no tiene sentencia porque han sido rechazados o porque las víctimas abandonan los procesos, cansadas por la burocracia o la deficiente aplicación de las normas.
La Ley 348 tiene el objetivo de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia; sin embargo, confirma Irusta, los casos de agresiones contra las mujeres aumentan cada año, según los datos que maneja la Fiscalía General del Estado.
Solo el año pasado, los casos de violencia intrafamiliar y doméstica llegaron a 51.770 en el país, y a 8.196 en Cochabamba.
Irusta abunda que la violencia intrafamiliar se incrementa en el país, debido a que el “machismo” sigue vigente y porque desde la aplicación de la Ley 348 se lleva un registro de los casos de agresiones contra las mujeres y porque se penaliza este delito que antes era asumido como un conflicto privado.
Confirma que muchas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar abandonan sus procesos debido a que se cansan por la excesiva burocracia con la que tropiezan en algunos juzgados.
Un proceso de violencia intrafamiliar puede extenderse hasta por seis años, lo que se hace insostenible para mujeres que no tienen, en estas circunstancias, recursos económicos, ni el apoyo siquiera de sus familiares.
Y con el fin de coadyuvar con las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, la Oficina Jurídica para la Mujer asesora y apoya legalmente a estas víctimas, hasta la conclusión de sus procesos, con asistencia legal y psicológica.
Irusta puntualiza que, por ejemplo, el año pasado, recibieron un poco más de 200 casos entre asesoría legal, violencia intrafamiliar y doméstica, asistencia familiar y divorcios, especialmente para mujeres que no tienen recursos económicos.
Los casos que no le competen a la Oficina Jurídica para la Mujer son derivados a otras instituciones, por ejemplo, los de violencia sexual a la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE) y otros casos de violencia a los SLIM de las alcaldías.
LA LEY 348
Irusta afirma que, si bien la Ley 348 tiene la esencia de prevenir, proteger y atender a las víctimas de violencia, además de sancionar a los agresores, en muchos casos esta norma no se implementa en su integralidad, por lo que las agresiones contra las mujeres siguen aumentando.
“No tenemos un sistema de justicia que proteja integralmente a las víctimas, por lo que se requiere de soluciones estructurales para (erradicar) la violencia. Como la educación, la concienciación y la sensibilización”, apunta.
Agrega que no hay resultados visibles, por ejemplo, en la prevención ni protección a las víctimas porque no se destina el presupuesto necesario, tal como señala la Ley 348.
Lo más preocupante, según Irusta, es que la violencia sostenida deriva en muchos casos en feminicidios, por lo que se debe trabajar en romper este círculo de la violencia, lo cual se logrará con una mayor protección por parte del Estado o que las mujeres denuncien a sus agresores.
Uno de los últimos informes de la Fiscalía General del estado da cuenta de que en el país se perpetraron 26 asesinatos de mujeres (feminicidios) en los primeros cuatro meses de este año.
Dentro de los casos de feminicidio, el departamento de La Paz tiene 8 casos, seguido de Cochabamba con 5, Santa Cruz también 5, Tarija con 3, Potosí 3, Oruro 1 y Chuquisaca 1.
Según los datos en el mes de enero se registró 5 casos, en febrero 7, marzo 4, abril 7, que hacen un total de 26 a nivel nacional.
Fuente: Opinión