La fase definitiva de la preselección para las elecciones judiciales comenzará el 15 de abril con un examen que deben rendir los postulantes; después viene la definición política que debe contar con dos tercios de apoyo
Todos los antecedentes de los aspirantes a magistrados —incluso legales y de contravenciones— deberán ser tomados en cuenta por los legisladores que evalúan sus méritos. La idea es que la lista de postulantes que, finalmente, apruebe la Asamblea, en la última etapa de preselección, considere solo a los profesionales más idóneos para dirigir al Órgano Judicial.
La recomendación fue emitida desde varios organismos vinculados con los derechos humanos, mientras los partidos opositores acusan a los oficialistas de alentar la presencia de candidatos cuestionados por actos, incluso, reñidos con la ley.
“La Constitución establece que las y los magistrados tendrán que haber demostrado en su ejercicio profesional idoneidad, ética, entonces eso da otros elementos para que al momento de que estas listas lleguen al pleno de la Asamblea Legislativa sí se apliquen esos criterios, y se reste el voto a quienes realmente no cumplen con requisitos que sí creemos hacen a la integridad ética y moral”, explicó Mónica Bayá, de la comunidad de Derechos Humanos.
Este miércoles la “Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia”, un colectivo de 15 instituciones veedoras del proceso de preselección a magistrados, ofreció su segundo informe sobre las nueve fases que siguieron las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural para la preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial.
En el documento que presentaron, también hacen énfasis en mejorar las convocatorias que permitan una participación más “ética” de los postulantes. Dentro de poco se abrirá la convocatoria para la elección del Fiscal General del Estado.
“Existen algunos criterios que deben fortalecerse en futuros reglamentos a través de requisitos que permitan medir la idoneidad de las y los postulantes”, señala el segundo punto del documento oficial de los observadores.
¿Qué observaciones existen sobre la lista de postulantes?
La lista de candidatos habilitados publicadas por la Vicepresidencia permite observar que una parte de los postulantes tiene procesos disciplinarios y también penales, sin embargo, los mismos fueron cerrados. Asimismo, nueve de las actuales autoridades judiciales de los altos tribunales se presentaron como postulantes y están habilitados. Los legisladores y sectores de la ciudadanía pidieron vetarlos por razones éticas.
“Comunidad Ciudadana ha tenido la consigna de que ningún autoprorrogado, ningún liberador de feminicidas, ningún corrupto, debía pasar, lamentablemente para eliminar a un candidato se necesita dos tercios y el Movimiento Al Socialismo insiste en proteger a los corruptos, delincuentes, autoprorrogados, eso es una cosa que perjudica”, criticó la senadora opositora, Andrea Barrientos.
El presidente de la comisión mixta de Constitución,https://eldeber.com.bo/pais/elecciones-judiciales-legislativo-posterga-evaluacion-de-meritos-de-aspirantes-al-organo-judicial-y-_362595 senador Miguel Rejas (MAS- ala evista), dijo que los candidatos pese a los cuestionamientos cumplen requisitos, pero advirtió que las postulaciones se pueden caer antes del 21 de abril, cuando concluya la fase de evaluación de méritos.
¿Cuáles son las recomendaciones de los observadores?
La veeduría informó sobre cinco parámetros de observación y lanzó sus recomendaciones pidiendo perfeccionar la convocatoria pública para los ciudadanos. Ponderaron la participación ciudadana, el carácter público de las sesiones y la transmisión permanente a través de redes sociales de las sesiones de las comisiones mixtas.
En el segundo parámetro está vinculado a la idoneidad de los postulantes. El tercer parámetro se refiere a los plazos y tiempos que tiene este tribunal de preselección y recomiendan que a futuro será “importante dimensionar la cantidad de trabajo y las capacidades instaladas en la asamblea, previendo plazos adecuados y presupuesto suficiente y aprobado oportunamente, que permita otorgar a las comisiones recursos materiales y humanos suficientes que acompañen su trabajo para garantizar su eficiencia”.
El cuarto hace referencia a la participación de postulantes indígena originario campesino y destacó que solo la comisión mixta de Constitución publicó la autoidentificación que hizo el candidato o candidata; pero no sucedió lo mismo en la comisión de Justicia Plural.