El abogado Gary Prado anunció el viernes que el caso terrorismo pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte – IDH), después que el Estado boliviano incumpliera plazos y las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas y las violaciones de los derechos humanos de 39 personas enjuiciadas.
Michael Dwyer, uno de los abatidos en abril de 2009. Foto: Erbol
Fuente: Brújula Digital
“El Estado recibió cuatro recomendaciones y se abrió un proceso de búsqueda de solución amistosa con las víctimas. Hasta el momento no se logró absolutamente nada al respecto; ni se hizo resarcimientos materiales, ni se otorgó tratamiento médico que Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza así lo necesitan”, declaró en Unitel el abogado Prado, defensa de algunos procesados del denominado caso terrorismo.
De un total de 28 recomendaciones de la CIDH, realizadas en 2021, cuatro fueron denominadas como de fondo y que fueron incumplidas por el Estado boliviano: Reparación integral con compensación económica a los afectados; rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes; proceso penal a los que violentaron los derechos de los demandantes; y adoptar medidas para que no se repitan este tipo de situaciones.
“Tampoco se inició con seriedad los procesos judiciales contra los responsables de las violaciones (contra el derecho a la vida) que se determinaron que sí ocurrieron y mucho menos hay formación a jueces, fiscales y policías para evitar que se repitan estos hechos”, añadió Prado.
Cerca de las 04:30 del 16 de abril de 2009 un contingente policial de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) irrumpió el hotel Las Américas, en la capital oriental. Entonces fueron ejecutados tres extranjeros: Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés, mientras que fueron arrestados Mario Tadic, boliviano-croata; y Elod Tóásó, húngaro. El gobierno de Evo Morales los acusó de terroristas y separatistas.
Ante el incumplimiento de las recomendaciones de fondo y concluido el plazo, el abogado Prado informó que este caso pasará a juicio contra el Estado boliviano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica.
“Eso va a significar que el Estado va a tener que defenderse de esta acusación que le hará la Comisión Interamericana por violentar derechos humanos de estas personas. No hay posibilidad de zafarse y obviamente (ello incluye) lo que se refiere a la reparación material. La Corte va a fijar montos y esas (cifras) son inapelables, ya no se pueden discutir”, precisó.
Bolivia pide asesoramiento
El procurador General del Estado, Cesar Siles, reconoció el viernes que los plazos corren para que la CIDH emita un pronunciamiento de incumplimiento y también dijo que el Estado boliviano solicita asesoramiento a la Comisión para realizar una oferta razonable de resarcimiento económico a las familias de los fallecidos.
Informó que la madre de Michael Dwyer, uno de los ejecutados en el hotel Las Américas, pide un resarcimiento de 3.137.942 euros. Este monto, según Siles, es “exageradamente excesiva”, tomando en cuenta otros casos y la jurisprudencia.
“El Estado boliviano informó (a la CIDH), hace dos semanas atrás, todos los avances que hizo para cumplir las recomendaciones. (Además, solicitamos) que nos brinde un asesoramiento antes de llevar el caso a la Corte para establecer cuál sería el monto razonable, con jurisprudencia, con casos precedentes a pagar la indemnización económica. No sólo a la muerte del señor Dwyer, sino a otros peticionantes en este caso”, afirmó.
Además, el procurador Siles dijo que se elevó una solicitud para establecer el monto. “En el informe de fondo no se establecen montos, la recomendación solamente dice una indemnización razonable. Además, que evalúe la posibilidad de acumular las siete peticiones que en este momento están en la Comisión Interamericana; no sólo privilegie o impulse una para que se vaya a la Corte”.
En el caso de Mario Tadic, uno de los sobrevivientes del asalto al hotel Las Américas y que denunció torturas, el monto de resarcimiento solicitado es de 752.690 euros, según Siles. Dijo que este monto no es razonable.
El procurador Siles informó en Erbol que, en caso de pagar el resarcimiento, se buscará cobrar el monto a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, para lo cual pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe la Ley de Repetición que se ha presentado.
Después del operativo del 16 de abril de 2009, el entonces presidente Evo Morales declaró en Venezuela, donde se encontraba reunido con el entonces presidente Hugo Chávez, que él había ordenado la realización de ese operativo para detener a “mercenarios”, quienes, según la información que tenía, pretendían atentar contra su vida y la de los entonces vicepresidente Álvaro García Linera y ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
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