William Bascopé asegura que el fallo constitucional va a tener que aplicarse, pero que es improbable que los comicios sean este año
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Boris Bueno Camacho / La Paz
La Asamblea Legislativa Plurinacional recibió el martes la notificación de la Sala constitucional de Pando que deja sin efecto la preselección de candidatos para las elecciones judiciales y ordena la emisión de una nueva convocatoria lo que significa que vuelve a ‘fojas cero’ todo el proceso; sin embargo, surgen voces de parlamentarios que consideran que el pleno legislativo debe rechazar la determinación judicial y continuar con el cronograma.
El abogado constitucionalista William Bascopé no está de acuerdo con esa posición, manifestó que las comisiones tendrán que aplicar este fallo constitucional y reiniciar el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales; y fue más allá, señaló que es poco probable que los comicios se lleven a cabo este año porque los tiempos no dan.
Bascopé afirmó que el fallo del tribunal pandino va a provocar muchos problemas en cuanto a la interpretación de la Constitución Política del Estado (CPE) se refiere, porque el fallo no se sujetó a lo que el precepto jurídico manda y destroza con sus argumentos toda la línea jurisprudencial que trabajó el Tribunal Constitucional (TCP) durante años.
“Claro que los últimos fallos del Tribunal Constitucional tenían sesgos desde el día que dijeron que era un derecho humano el reelegirse; pero, había cierta jurisprudencia que nos servía; pero, ahora, indicar que se ha violado esa igualdad de condiciones para llegar a un alto cargo es grosero. Los cargos de altos magistrados no son políticos, son de carácter técnico jurídico donde van a administrar la justicia constitucional”, detalló.
Foto: captura pantalla
En ese sentido, recordó que a los altos tribunales deben llegar profesionales con méritos y que, el auto constitucional emitido en Pando que anula la preselección, echa por los suelos la esencia de los cargos de los altos tribunales de justicia a los que accede gente con mucha trayectoria que debe dirimir casos que deben ajustarse estrictamente en lo que a derecho corresponde.
“No porque no haya una indígena originaria campesina no calificada a la siguiente fase se va a dejar sin efecto todo, es una barbaridad lo que se está cometiendo; pero, el auto constitucional está ahí y va a tener que aplicarse, el Tribunal Constitucional debería revisar esto en un plazo de 60 días, pero tengo acciones populares en Sucre y son más de ocho meses sin respuesta; y he ahí el conflicto de intereses, se cuestiona la autoprórroga de los actuales magistrados, ellos mismos van a revisar este fallo, ¿habrá la idoneidad o parcialidad?”, dijo.
El jurista lamentó que la pelea interna del Movimiento al Socialismo (MAS) destroce la poca institucionalidad que hay en el país y expresó sus dudas sobre la existencia de una voluntad política para elegir a los nuevos magistrados de los altos tribunales de justicia, aspecto que imposibilitará el desarrollo de los comicios judiciales este año.
“Parce que alguien estaba apostando porque esto se empantane y hay otro que estaba desesperado más bien porque se puedan elegir magistrados, pero sus magistrados para que de nuevo le digan que es un derecho humano reelegirse; es decir, los políticos hacen y deshacen a su gusto lo que es la justicia en este país y así todos estamos en peligro de que la justicia falle siempre a favor del poderoso político y no del ciudadano”, alertó.
Para el abogado hubo varias falencias en la convocatoria y ese era el argumento que deberían haber esgrimido los inhabilitados, es decir, cuestionar las ‘falencias y aberraciones’ que tenía el proceso y no el sustento que plantearon para paralizar las elecciones judiciales, porque no es válido. “La ponderación de la calificación daba cuenta que estaba orientada a beneficiar a los candidatos del Movimiento al Socialismo sea del ala evista o arcista”, espetó.