El asambleísta del ala renovadora del MAS asegura que la mayoría de los amparos fue interpuesta por exfuncionarios y allegados de Evo Morales, entre ellos, la esposa de su abogado Wilfredo Chávez
eju.tv / Video: DTV
Boris Bueno Camacho / La Paz
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, aseguró que existe un contubernio entre legisladores del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Comunidad Ciudadana para impedir que se lleven a cabo las elecciones judiciales y perjudicar la imagen del presidente Luis Arce Catacora.
Por ello, los miembros de las dos bancadas apelan a los pretextos, dijo, para no retomar el proceso de preselección de candidatos que fue suspendida hace casi dos meses por una acción popular presentada en Pando; en ese sentido, aseguró que son los legisladores evistas y de CC quienes no quieren elecciones judiciales con el único objetivo de menoscabar la gestión de Arce.
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El representante parlamentario del ala ‘evista’ del MAS informó que el 44 por ciento de los amparos constitucionales contra ese proceso fue presentado por exfuncionarios y allegados a la gestión de Evo Morales. En total se presentaron 39 amparos constitucionales contra el proceso de preselección de postulantes poco antes de la fase de evaluación oral.
“Hemos evidenciado que existe una presencia inusual, del 100% de los amparos, es decir 17, fueron presentados por postulantes que en su momento han desempeñado funciones jerárquicas en la gestión de Evo Morales; (…) de los doce recursos que fueron concedidos, ocho fueron interpuestos por ciudadanos que fueron asesores del actual presidente del Senado (Andrónico Rodríguez), exviceministros o exdirectores de la gestión de Morales”, detalló.
Foto: captura pantalla
Jáuregui expresó su extrañeza por la presentación de los amparos constitucionales por parte de esas personas, porque todas pidieron la medida cautelar de la suspensión del proceso de preselección; y, entre ellas, está Vanessa Miramendy, esposa de Wilfredo Chávez, exprocurador general del Estado y ahora abogado de la Dirección Nacional del MAS encabezada por el exmandatario.
“Cae la pretensión de atribuirle la responsabilidad al gobierno nacional o a la bancada del sector renovador del MAS con referencia a la paralización del proceso de preselección. Permanente, esta asociación, este contubernio entre CC y el sector radical del MAS fueron paralizando este proceso, ahora con amparos constitucionales interpuestos por sus postulantes y en 2023 con la propuesta de proyectos de Ley descabellados e inconstitucionales”, enfatizó.
El asambleísta respaldó también su tesis sobre el supuesto complot en que el líder de CC, Carlos Mesa, presentó la mañana del martes nuevas exigencias para retomar el proceso de preselección y, en horas de la tarde, después de una reunión en la presidencia del Senado ‘entre los mismos actores’, emiten un pronunciamiento de seis puntos en un claro afán de obstaculización cuando solamente se necesita una convocatoria de las presidencias de las comisiones mixtas que señale día y hora para retomar la evaluación oral de los postulantes.
“El Tribunal Constitucional Plurinacional por los argumentos esgrimidos por el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, se remedió esta situación, existe una sentencia constitucional que anula la resolución de la Sala Constitucional de Pando y dispone que prosiga el proceso de preselección, pero ahora el impedimento es la voluntad política del nuevo bloque de oposición que va poniendo mayores condiciones”, certificó.
Los legisladores reunidos en la presidencia del Senado dieron un ultimátum de 72 horas para que Choquehuanca convoque a una sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para tratar una ley corta que permita reanudar la preselección de candidatos a las elecciones judiciales. El vicepresidente descartó convocar a la plenaria y pidió a las comisiones mixtas continuar simplemente con el proceso que fue suspendido cuando se iban a tomar las evaluaciones orales.