La Global Human Rights League (GHRL) ha publicado un nuevo informe que detalla hay 250 hombres y 46 mujeres detenidos, incluidos 2 menores. Además, se ha registrado la muerte de dos personas que estaban detenidas por razones políticas
(Global Human Rights League)
Fuente: infobae.com
La Global Human Rights League (GHRL) ha publicado un nuevo informe que detalla la situación actual de los presos políticos en Bolivia. Según el trabajo, el número total de personas encarceladas por su pensamiento se sitúa en 296, de los cuales 278 son actualmente prisioneros, 8 han sido liberados y otros 8 han sido condenados.
El desglose de los datos revela que hay 250 hombres y 46 mujeres detenidos, incluidos 2 menores. Además, se ha registrado la muerte de dos personas que estaban detenidas por razones políticas.
La organización también distingue entre presos políticos y presos de conciencia, identificando a cuatro individuos como presos de conciencia.
La GHRL es una organización no gubernamental y sin fines de lucro dedicada a la defensa, la promoción y la enseñanza de los derechos humanos en todo el mundo.
Para determinar si una persona es considerada presa política, GHRL utiliza la definición establecida por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la OEA del 5 de septiembre de 2012.
Presos Políticos en Bolivia
Este marco considera a una persona privada de libertad como preso político si su detención cumple con al menos uno de los siguientes criterios: la detención viola garantías fundamentales consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, información, reunión y asociación; la detención se impone por razones puramente políticas, sin conexión con cualquier delito; la duración o condiciones de la detención son desproporcionadas en relación con el delito por el cual la persona fue declarada culpable; la persona es detenida de manera discriminatoria en comparación con otras; y finalmente si la detención es el resultado de procedimientos claramente injustos y parece estar relacionada con motivos políticos de las autoridades.
De acuerdo a la organización, se sigue un proceso de verificación que incluye entrevistas con familiares y allegados de los detenidos, contactos con vecinos, análisis de la legalidad de las detenciones y la revisión de información disponible en redes sociales y prensa. Esta información es evaluada por expertos en derechos humanos para identificar posibles motivaciones políticas detrás de las detenciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Bolivia en marzo y expresó preocupación especial por la falta de independencia del poder judicial respecto del gobierno. En agosto, la Comisión solicitó información a las autoridades sobre la situación de César Apaza, ex dirigente de una asociación de productores de hoja de coca que llevaba detenido en espera de juicio desde septiembre de 2022, cuando unas protestas efectuadas por la asociación habían sido reprimidas con violencia por agentes encargados de hacer cumplir la ley.
De acuerdo a Amnistía Internacional, en septiembre, Apaza se declaró en huelga de hambre para denunciar la falta de garantías en los procesos judiciales abiertos en su contra y los malos tratos a los que lo habían sometido las autoridades penitenciarias.
La detención más reciente
El activista por los derechos humanos Fernando Hamdan fue detenido este domingo dentro de las investigaciones por el alzamiento militar ocurrido el 26 de junio en Bolivia, confirmó la Defensoría del Pueblo, que también denunció que su labor para constatar la situación del aprehendido fue obstruida.
Hamdan, que preside la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) en Bolivia, fue aprehendido en la región oriental de Santa Cruz y trasladado a La Paz “en el marco de los hechos sucedidos el 26 de junio pasado”, señaló la Defensoría en un comunicado de prensa.
Fotografía cedida por el Ministerio de Gobierno de Bolivia del activista Fernando Hamdan, presentado por miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (EFE/ Ministerio De Gobierno)
El martes, fue acusado de ser el “coorganizador” del alzamiento militar contra el Gobierno de Luis Arce, e ingresó al penal de San Pedro en Bolivia, después que un juez le dictaminara seis meses de prisión preventiva.
La decisión se tomó después de que la Fiscalía imputara a Hamdan por los delitos de alzamiento armado y terrorismo.
El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó a los medios de comunicación que al menos tres militares y un civil coincidieron en sus declaraciones para implicar a Hamdan en la toma militar de la sede presidencial de La Paz, el 26 de junio.
Al finalizar la audiencia de medidas cautelares, el juez decidió que Hamdan debe cumplir detención preventiva por seis meses. El Ministerio de Gobierno (Interior), a través de sus abogados, pidió que se ampliara la medidas alegando que hay riesgo fuga, pero la petición fue rechazada.
Este lunes fue presentado públicamente en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, lo señaló como uno de los principales impulsores “del golpe”.
“Ha sido partícipe y coorganizador del golpe de Estado militar fallido del pasado 26 de junio”, afirmó en una conferencia de prensa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia dijo que no tiene ningún registro de que el activista detenido sea parte de alguna organización de derechos humanos.
“El señor Fernando Hamdan no tiene condición de veedor de derechos humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia registrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores”, afirmó el ministro de Gobierno.
“Dentro de Global Human Rights League, Fernando Hamdan realizó un trabajo excepcional, con mucha ética y responsabilidad. Por ninguna razón cae en el perfil de una persona que atente contra la seguridad de nadie. Al contrario, es un acérrimo defensor de la libertad y la democracia”, afirmó la ONG en una declaración en la red social X.
El activista se suma a las 24 personas que son investigadas por la toma militar a la sede del Ejecutivo en La Paz liderada por el destituido comandante del Ejército.