Según las pesquisas, un grupo de funcionarios «manipuló» los registros para anular anotaciones preventivas de inmuebles, lo que generó un presunto daño económico de Bs 6 millones.
Tras el escándalo del caso de corrupción en Derechos Reales de Santa Cruz ahora sale a la luz otra denuncia, esta vez en Beni. El Consejo de la Magistratura ha presentado una querella en la Fiscalía de Trinidad.
La decana del Consejo de la Magistratura, Gabriela Araoz, y el consejero Carlos Spencer Arancibia informaron que la denuncia penal apunta contra seis funcionarios de la Oficina de Derechos Reales de Trinidad, por presunta corrupción.
La denuncia formal sindica a los funcionarios de incumplimiento de deberes, manipulación informática y conducta antieconómica, delitos tipificados en el Código Penal.
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Las pesquisas revelaron que un grupo de funcionarios «manipuló» los registros para anular anotaciones preventivas de inmuebles, lo que generó un presunto daño económico de unos Bs 6 millones.
Según la decana Araoz, el Consejo de la Magistratura ha solicitado al Ministerio Público realizar las diligencias investigativas necesarias para recabar elementos de prueba que permitan demostrar la existencia del ilícito y la presunta responsabilidad de los implicados.
“La transparencia en el manejo de Derechos Reales es una prioridad para el Consejo de la Magistratura. Hemos exigido que la investigación llegue a su fin y que se sancione a los responsables conforme a la ley”, afirmó la decana en una conferencia de prensa.
El caso
El consejero Carlos Spencer detalló que el caso salió a la luz luego de que se detectaran irregularidades en el sistema informático de Derechos Reales de Beni.
Las investigaciones realizadas revelaron que funcionarios anularon anotaciones preventivas de inmuebles.
“El Consejo de la Magistratura identificó estas irregularidades y actuó de inmediato. A raíz de nuestra denuncia, el miércoles, la Policía y la Fiscalía ejecutaron un allanamiento en las oficinas de Derechos Reales, logrando el arresto de varios funcionarios que ahora están siendo investigados por su presunta participación en estos hechos de corrupción”, precisó Spencer.
Santa Cruz
El octubre de 2024 la Policía aprehendió a un funcionario de Derechos Reales con Bs 20.000. Los primeros datos de las pesquisas daban cuenta de un caso de corrupción sobre el cobro irregular para levantar gravámenes. Las oficinas de la entidad fueron intervenidas.
En enero de este año la Policía intervino las oficinas de la repartición en el Palacio de Justicia de Santa Cruz. Para ese entonces las denuncias de corrupción ya eran un escandalo. Las pesquisas apuntaban a seis personas. Entidades financieras lanzaron la alerta de trámites irregulares.
A fines de enero, los agentes aprehendieron a un juez y dos funcionarios judiciales, que son procesados por presuntos actos de corrupción en oficinas de Derechos Reales referidos a un desfalco al Estado de aproximadamente Bs 2 millones por una manipulación informática.
Una misión del Consejo de la Magistratura llegó hasta esa región para sumarse a la querella y ordenó una pesquisa nacional. En ese marco, salió a la luz el caso de Trinidad.
Consejo
La decana Araoz reafirmó el compromiso del Consejo de la Magistratura con la lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración de justicia y destacó que la integridad de los registros inmobiliarios es fundamental para la seguridad jurídica de la población.
“El Consejo de la Magistratura no permitirá ni tolerará ningún hecho de corrupción en ninguna de sus dependencias, y mucho menos en una oficina tan importante como la de Derechos Reales”, sentenció Spencer, enfatizando que la institución será implacable en la aplicación de la ley para erradicar cualquier tipo de manipulación indebida en el sistema judicial.
La unidad especializada en Anticorrupción continúa con las acciones legales para procurar una sanción contra los responsables.