La Defensoría también instó a la ABT y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a publicar en sus plataformas oficiales los cronogramas y ubicaciones exactas de las autorizaciones de asentamientos en tierras fiscales, con el fin de prevenir focos de incendio y asegurar la rendición de cuentas de las entidades públicas.
La Defensoría del Pueblo advirtió inconsistencias en los reportes oficiales del Gobierno central sobre incendios forestales emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Gobernación de Santa Cruz y varios municipios de la región Chiquitana. La alerta se produce en un contexto de incremento sostenido de fuegos activos en el país, agravado por la disminución de lluvias en tierras bajas y valles centrales.
En su informe sobre seguimiento a resoluciones vigentes y al periodo habilitado para quemas controladas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), la institución defensorial cuestionó la falta de claridad y coherencia en los datos oficiales sobre focos de calor, fuegos activos e incendios forestales. Por ello, exhortó a los distintos niveles de gobierno a actuar de forma “urgente, coordinada y transparente”, en el marco del Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales con el objetivo de garantizar el derecho de la población al acceso a la información pública.
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La Defensoría también instó a la ABT y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a publicar en sus plataformas oficiales los cronogramas y ubicaciones exactas de las autorizaciones de asentamientos en tierras fiscales, con el fin de prevenir focos de incendio y asegurar la rendición de cuentas de las entidades públicas.
Finalmente, la institución reconoció los esfuerzos de municipios del departamento de Santa Cruz, como Concepción, Ascensión de Guarayos y Puerto Suárez, en tareas de monitoreo y control y celebró la publicación del informe de la REDESCA sobre el impacto de los incendios en los derechos humanos y ambientales a los cuales calificó como un avance significativo en torno a la decisión judicial lograda por la Defensoría del Pueblo.