Villca recalcó que ningún derecho puede ser utilizado para atentar contra la democracia y advirtió que las autoridades jurisdiccionales deben garantizar que amenazas de este tipo no prosperen ni queden en la impunidad.
eju.tv / Video: DTV
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca, exhortó este miércoles a la dirigente evista Ruth Nina a asumir responsabilidad por sus declaraciones y no ampararse en la libertad de expresión sólo para incitar a la violencia o amenazar la estabilidad democrática del país.
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“La justicia debe proceder conforme a la norma contra Ruth Nina por las amenazas que ha lanzado contra las elecciones nacionales y la vida de las personas. Cuando uno abre la boca debe saber que también hay consecuencias, no es nomás así. Nadie puede amenazar al pueblo boliviano bajo el argumento de la libertad de expresión”, afirmó Villca, tras ser consultado sobre el tema.
Villca recalcó que ningún derecho puede ser utilizado para atentar contra la democracia y advirtió que las autoridades jurisdiccionales deben garantizar que amenazas de este tipo no prosperen ni queden en la impunidad.
“Se dan el lujo de hacer un montón de amenazas al pueblo boliviano, atribuyéndose y amparándose en el derecho a la opinión. Todo el mundo tiene derecho a emitir un criterio, pero ya pasar los límites de la estabilidad, del respeto a la democracia, es increíble. ”, puntualizó.
La declaración surge luego de que la Fiscalía Departamental de Cochabamba abrió una investigación contra Nina, quien deberá prestar declaración informativa el viernes 18 de julio tras las amenazas que lanzó el pasado fin de semana durante un acto público. En la ocasión, la dirigente afín a Evo Morales advirtió que el 17 de agosto, día de las elecciones generales, “en vez de contar votos, se van a contar muertos”, declaraciones que fueron calificadas como un claro llamado a la convulsión.
Al respecto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que Nina se encuentra en calidad de investigada por la denuncia presentada inicialmente en Cochabamba, además de otras similares en Santa Cruz y La Paz, por los presuntos delitos de incitación pública a delinquir y obstaculización del proceso electoral.