La marcha que nace en Bolivia por la Ley 1720, está lejos de ser un simple debate técnico. Creo que hay algo más de fondo, y se siente en el malestar que viene creciendo en distintos sectores: la idea de que, bajo el discurso del desarrollo, se están acomodando las reglas para favorecer a unos pocos.
Se insiste en que esta norma busca ayudar al pequeño productor. Pero cuando uno revisa con calma cómo funciona, la duda es inevitable: ¿realmente está pensada para ellos?
No es menor que figuras vinculadas históricamente a grandes intereses agrarios, como Branko Marinkovic, estén detrás de su impulso. Eso, por sí solo, ya debería abrir el debate sobre posibles conflictos de interés. Porque cuando quienes pueden beneficiarse son también quienes empujan la norma, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política desde diferentes flancos.
El análisis de la Fundación TIERRA -del 28 de enero- aporta un elemento clave para entender el problema. Durante años, varias propiedades grandes y medianas fueron divididas para encajar dentro de la categoría de pequeña propiedad ganadera, muchas veces con el objetivo de evitar la verificación de la Función Económica Social (FES), como exige la Constitución. Actualmente, esas mismas tierras —que en muchos casos no responden a un uso familiar sino a producción mecanizada— encuentran en esta ley una vía rápida para cambiar de categoría.
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Y aquí aparece uno de los puntos más sensibles: el tiempo. La ley permite que esta conversión se realice en un plazo muy corto, mientras que el control sobre el cumplimiento de la FES se posterga por diez años. Es decir, el cambio es inmediato, pero la fiscalización se difiere. Eso no es un detalle menor, en la práctica, implica un periodo largo sin control efectivo. Y en un contexto donde la tierra ya es un recurso en disputa, eso puede abrir espacio a distorsiones, especulación o expansión sin supervisión suficiente.
También hay que mirar qué está haciendo el Estado en todo esto. Con este esquema, el INRA corre el riesgo de quedar reducido a un mero canal administrativo, donde basta una solicitud y una declaración jurada para avanzar en un proceso que debería tener mayor respaldo técnico.
El Decreto Supremo 5613 busca ordenar la dotación de tierras en la Amazonía y reforzar la protección de la pequeña propiedad. Pero no soluciona el problema de fondo: por un lado se intenta proteger, y por otro se flexibiliza una estructura que justamente debía servir como resguardo. Ahí está el meollo del asunto.
Antes que apurar la aplicación de la norma, se necesita abrirla a revisión, y no la falacia del vocero presidencial de “no ceder” pero si dialogar. Se trate de ver en qué está fallando, investigar los posibles casos de fraccionamiento irregular y, sobre todo, generar un diálogo real, con papeles en mano, no formal.
Porque la paz social no sale de un decreto, se construye con decisiones justas. Y para eso, la ley tiene que ser vista como una garantía, no como una amenaza.
Lic. Miroslava Fernandez Guevara
Periodista y politóloga
www.miroslavafernandez.com