FEJUVE Potosí envió carta al Ministerio Público para que investigue amedrentamientos a pobladores con el fin de obligarlos a participar en bloqueos


Sota exhortó a los dirigentes a reflexionar sobre los daños que provocan los bloqueos en la región y en la propia población al someterlos a estos amedrentamientos.

eju.tv / Video: Radio Fides

El vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de Potosí, Jazmani Sota, informó hoy (27) que se remitió una carta al Ministerio Público en el que  se solicita una investigación sobre presuntos amedrentamientos a pobladores para obligarlos a participar en movilizaciones y bloqueos de carreteras. Agregó que existen varias denuncias de ciudadanos que señalan que son presionados para asistir a marchas y asumir medidas de presión como el bloqueo de vías.



“Hemos mandado una nota al señor fiscal y esperemos que haga énfasis en eso, que haga caso a ese pedido de que se haga la investigación correspondiente, porque en medios ya se resalta que algunas autoridades estarían cobrando multas y sanciones para que los pobladores estén haciendo este tipo de bloqueos”, enfatizó el dirigente vecinal en entrevista con Radio Fides.

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Sota exhortó a los dirigentes a reflexionar sobre los daños que provocan los bloqueos en la región y en la propia población al someterlos a estos amedrentamientos.

“Yo creo que eso no es una reivindicación sana, y peor cuando están sometiendo a la población, están poniendo a población contra la misma población”, afirmó. El dirigente denunció que algunos líderes amenazan con multas y con quitarles sus tierras a quienes no acatan las medidas de presión, lo que consideró una práctica ilegal que debe ser investigada.

Sota advirtió que hay ciudadanos que denuncian “de manera cautelosa” porque temen represalias. “Es necesario que la fiscalía empiece a hacer la investigación y el seguimiento de estos casos”, concluyó el dirigente vecinal. La FEJUVE Potosí espera que el Ministerio Público actúe de oficio y esclarezca si efectivamente existen mecanismos de coerción detrás de algunas movilizaciones, lo que pondría en duda la legitimidad de las protestas y podría derivar en sanciones penales contra los organizadores.