Ese fue uno de los puntos que acordó el Gobierno nacional y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).
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«(…) recordemos que esta ley nació en la Asamblea y se aprobó en la Asamblea. Es muy importante porque permite discutir algo fundamental para Bolivia, el tema de la tierra y territorio.
El poder tener a la tierra como un activo que permita tener créditos para los pequeños productores, que permita también voluntariamente a los pequeños productores volverse medianos. Y este espíritu de la ley, como tal, debe continuar«, comenzó diciendo el ministro, en una entrevista cedida a EL DEBER.
Lupo sostuvo que «los sectores movilizados piden que la abrogación de esta ley sea gestionada con el Ejecutivo, que se pueda solicitar a la Asamblea (Legislativa Plurinacional), (pero) esa consideración no está en manos del Ejecutivo. Abrogar una ley corresponde al poder legislativo».
Para el ministro, el objetivo principal ahora es la «elaboración de una nueva ley a partir de la abrogación de esta misma, pero que la nueva ley guarde ese espíritu y que tenga la socialización necesaria con diferentes departamentos, sectores sociales, sectores empresariales, etcétera».
El acuerdo con la Csutcb
Hay que remarcar que justamente la abrogación de esta normativa era parte del acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Eso, sin contar que indígenas del oriente boliviano marcharon desde Pando hasta la ciudad de La Paz, para solicitar lo mismo.

