La decisión del presidente Rodrigo Paz de declarar el estado de excepción constituye una medida extraordinaria, pero necesaria, frente a una situación que había llegado a un punto crítico para millones de ciudadanos. Cuando las carreteras son bloqueadas de manera prolongada, la libre circulación queda anulada, el abastecimiento de alimentos y combustibles se ve comprometido y los derechos de la mayoría terminan subordinados a la capacidad de presión de grupos organizados, se ha llegado a un límite imposible de sostener. En esas circunstancias, el Estado tiene la obligación de actuar para restablecer el orden público y garantizar los derechos fundamentales de la población.
Las consecuencias de los bloqueos se hicieron sentir con especial dureza en las ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba. Fueron los sectores más humildes quienes soportaron la peor parte de la crisis. Familias con dificultades para acceder a productos básicos, trabajadores impedidos de llegar a sus fuentes de empleo, pequeños comerciantes afectados por la interrupción del abastecimiento y pacientes que enfrentaron obstáculos para recibir atención oportuna. Mientras algunos dirigentes utilizaban la paralización como instrumento de presión política, miles de ciudadanos padecían una realidad cada vez más angustiante.
Antes de llegar a esta determinación, el Gobierno agotó los mecanismos de diálogo y concertación, que culminaron con la firma del acuerdo con la COB. Se realizaron convocatorias, se promovieron espacios de negociación y se intentó construir acuerdos que permitieran una salida pacífica al conflicto con los demás sectores, algunos de ellos radicales y francamente sediciosos. Sin embargo, cuando esas gestiones no logran resultados y la situación amenaza con derivar en mayores niveles de violencia e inestabilidad, la responsabilidad de las autoridades consiste en impedir que el país continúe avanzando hacia una escalada de confrontación.
Desde esta perspectiva, el estado de excepción no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento temporal destinado a garantizar la libre circulación, proteger a la población y preservar la convivencia democrática. Ninguna democracia puede aceptar indefinidamente que grupos insurrectos y golpistas, con capacidad de movilización bloqueen el funcionamiento normal del país y condicionen el ejercicio de los derechos de la mayoría.
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Dicho esto, volvamos al meollo del asunto. Lo que está en juego es la superación de un modelo político que otorgó durante décadas una influencia desproporcionada a determinadas estructuras corporativas. La crisis actual refleja la resistencia de sectores acostumbrados a ejercer poder mediante mecanismos de presión que ya no encuentran el mismo respaldo institucional de otros tiempos. Más allá de las diferencias ideológicas, resulta evidente que Bolivia necesita construir una relación entre Estado y sociedad basada en reglas democráticas claras, donde la legitimidad provenga principalmente del voto ciudadano y del respeto a las instituciones.
Es en este contexto que adquiere especial relevancia la convocatoria formulada por el presidente Rodrigo Paz a un gran encuentro nacional. La iniciativa puede convertirse en una oportunidad histórica para construir consensos y definir un horizonte común para el país. Sin embargo, para que ese esfuerzo sea efectivo, legítimo y no repita los errores del pasado, debería centrarse en los actores que cuentan con representación democrática directa, es decir las autoridades elegidas por el voto popular y las organizaciones políticas con representación parlamentaria.
La experiencia boliviana demuestra que la incorporación de múltiples estructuras corporativas como instancias de cogobierno o de veto político ha contribuido frecuentemente a la fragmentación de la autoridad democrática y a la sustitución de la voluntad ciudadana por intereses sectoriales. Por ello, el gran acuerdo nacional debe fortalecer las instituciones representativas y devolver a la Asamblea Legislativa y a las autoridades electas el papel central que les corresponde en una democracia moderna.
Bolivia necesita diálogo, pero un diálogo sustentado en la legitimidad democrática. Necesita acuerdos, pero acuerdos construidos por quienes han recibido el mandato de las urnas. Y necesita recuperar la normalidad, la libre circulación y la paz social para que ningún ciudadano vuelva a ser rehén de conflictos que terminan castigando, sobre todo, a quienes menos tienen.
Ricardo Paz Ballivián