La norma, aprobada por el Senado el jueves en una jornada maratónica, fue defendida por legisladores de las bancadas de Unidad, Libre, APB-Súmate y algunos legisladores del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC). No obstante, otros legisladores del PDC y de Alianza Popular rechazaron la aprobación de la norma, alegando que se podría agudizar la crisis social.
Por eju.tv / La Paz / Video: Cámara de Diputados
Pasada las 00h15 de este domingo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en su estación en grande, el proyecto de Ley que Regula los Estados de Excepción y dio inicio a su consideración en detalle.
La norma, aprobada por el Senado el jueves en una jornada maratónica, fue defendida por legisladores de las bancadas de Unidad, Libre, APB-Súmate y algunos legisladores del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC).
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No obstante, otros legisladores del PDC y de Alianza Popular rechazaron la aprobación de la norma, alegando que se podría agudizar la crisis política que enfrenta el país, luego de los enfrentamientos en el municipio oriental de San Julián, donde un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas no logró el sábado por la mañana liberar la ruta bloqueada desde hace más de 20 días.
Convocada para las 14h00, la sesión mixta con la participación de asambleístas en el hemiciclo y otros de manera virtual se instaló a las 16h30 con un minuto de silencio por las víctimas registradas durante los conflictos sociales que ya llevan más de un mes.
Durante el debate, el diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, demandó a sus colegas aprobar la ley para que el Gobierno asuma medidas con el fin de pacificar el país y romper con el secuestro “del 95 por ciento de la población”, afectado por el bloqueo de caminos de la Central Obrera Boliviana (COB) desde inicios de mayo.
Al igual que Alarcón, la diputada de la Alianza Libre, Lissa Claros, respaldó la iniciativa y acusó al expresidente Evo Morales de impulsar las protestas para romper el orden constitucional en el país y forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
A diferencia de ambos legisladores, el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, alertó que la aprobación del proyecto de ley abrirá “las puertas a un genocidio”, porque el artículo 26 de la propuesta establece la presunción de legalidad de determinadas actuaciones operativas durante la vigencia de los estados de excepción.
En réplica, el diputado de la Alianza Libre, Guillermo Mendoza, alegó que “en toda la economía jurídica” del país está consignada la presunción de legalidad por lo que llamó a no “demonizar” la ley y aprobarla.
No obstante, la diputada de la Alianza Unidad, Cecilia Requena, advirtió que el artículo 26 podría ser impugnado en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que su aprobación significará “un error político”.
Al igual que en el Senado, el proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Constitución horas antes de que se instale la sesión de la Cámara de Diputados.
La norma permite activar un estado de excepción mediante la aprobación de un decreto supremo, norma que posteriormente debe ser aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa, y la duración del mismo puede extenderse hasta por 90 días, pero de forma excepcional, este “régimen jurídico extraordinario” se podría ampliar siempre y cuando la Asamblea Legislativa así lo autorice.
En esta jornada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó al Gobierno nacional que las medidas de un posible estado de excepción, deben ser adecuadas al artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Dicho artículo señala que la aplicación de esta medida no debe suspender ni vulnerar otros derechos como el derecho a la vida, a la integridad personal, al nombre y a la nacionalidad.
Asimismo, prohíbe la esclavitud y servidumbre, reafirma la protección a la familia y permite la libertad de conciencia y religión.
En caso de suspensión de alguno de estos derechos, el documento señala que el Estado debe informar a los demás Estados que forman parte de la convención de forma inmediata. Detallando los motivos, fecha y las disposiciones.