Por Ricardo V. Paz Ballivián
Hay ciudades que se habitan y hay ciudades que se aman. La Paz pertenece a estas últimas. Quienes crecimos entre sus montañas tutelares, quienes aprendimos a caminar por sus empinadas calles, quienes hemos visto amanecer miles de veces sobre el Illimani, sabemos que esta ciudad es mucho más que un conglomerado urbano. Es memoria, identidad, pertenencia. Es el escenario de nuestras alegrías y derrotas. Es la patria pequeña que llevamos grabada en el alma. Por eso duele tanto verla hoy humillada. Duele contemplar a esta ciudad noble y trabajadora sometida, durante más de cincuenta días, a un cerco inmisericorde que la ha condenado a una situación límite. Duele ver largas filas en busca de combustible. Duele escuchar a madres desesperadas por conseguir alimentos para sus hijos. Duele saber de hospitales que enfrentan dificultades para abastecerse de medicamentos, insumos y oxígeno. Duele observar cómo se paraliza la actividad económica, cómo cierran pequeños negocios, como miles de trabajadores pierden ingresos indispensables para sostener a sus familias.
Pero lo que más duele no es el bloqueo material de los caminos. Lo que más duele es la degradación moral que lo acompaña. Porque quienes han promovido y sostenido este castigo colectivo pretenden hacerlo en nombre del pueblo. Hablan de justicia social mientras condenan a millones de ciudadanos al sufrimiento. Invocan la defensa de los humildes mientras golpean precisamente a los más humildes. Dicen representar a los pobres mientras privan de alimentos, trabajo y oportunidades a quienes menos tienen.
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Existe algo particularmente abyecto en esta conducta. Las dirigencias de ciertas corporaciones sindicales, tanto del campo como de la ciudad, han convertido el sufrimiento de la población en un instrumento de presión política. Han transformado el hambre en estrategia, la escasez en método y el miedo en herramienta de negociación. Poco parece importarles el anciano que no encuentra sus medicamentos, la madre que no puede alimentar adecuadamente a sus hijos, el pequeño comerciante que ve quebrar el esfuerzo de toda una vida o el trabajador que pierde su fuente de sustento. Se proclaman defensores del pueblo mientras castigan al pueblo. Se presentan como redentores de los desposeídos mientras multiplican el sufrimiento de los desposeídos. Se arrogan la representación de las mayorías mientras atropellan el derecho de las mayorías a vivir en paz, trabajar, producir y circular libremente.
Ninguna causa política, por legítima que pretenda ser, puede justificar semejante crueldad.
Ninguna reivindicación sectorial puede situarse por encima del derecho de una ciudad entera a existir con normalidad. Ninguna ambición de poder puede legitimar el sometimiento de millones de personas a una situación de angustia permanente. La Paz no merece este trato. No lo merecen sus trabajadores que madrugan cada día para ganarse el sustento. No lo merecen sus emprendedores. No lo merecen sus estudiantes. No lo merecen sus enfermos. No lo merecen sus niños. No lo merecen sus adultos mayores. No lo merece una ciudad que ha contribuido durante generaciones al desarrollo de Bolivia y que hoy se encuentra secuestrada por quienes creen que la violencia y la coerción son mecanismos legítimos de acción política.
Sin embargo, incluso en medio de esta adversidad, hay algo que permanece intacto. La dignidad de los paceños. Porque si algo ha demostrado nuestra historia es que La Paz siempre encuentra la manera de levantarse. Lo hizo frente a la adversidad geográfica. Lo hizo frente a las crisis económicas. Lo hizo frente a las convulsiones políticas. Y volverá a hacerlo ahora. Pero para ello debemos comprender una lección fundamental: la libertad jamás se conserva si se la entrega por miedo.
Los ciudadanos democráticos no podemos acostumbrarnos al chantaje, al bloqueo, al cerco ni a la imposición de la fuerza como método para resolver las diferencias políticas. No podemos aceptar que una minoría organizada tenga el poder de paralizar la vida de millones de personas cada vez que decide imponer su voluntad. Ha llegado el momento de recuperar la voz. Ha llegado el momento de reivindicar el derecho de los ciudadanos a vivir libres de la coerción y la violencia. Ha llegado el momento de defender la democracia no sólo en las urnas, sino también en las calles, en las instituciones y en la conciencia colectiva.
La Paz ha sido ultrajada. Pero no está derrotada. Porque más fuerte que los bloqueos es la voluntad de un pueblo libre. Más fuerte que el miedo es la dignidad ciudadana. Y más fuerte que quienes pretenden someternos es la determinación de una sociedad que ha decidido no arrodillarse jamás ante los violentos. Por amor a nuestra ciudad. Por respeto a quienes sufren. Por el futuro de nuestros hijos. Recuperemos nuestra libertad.