
Reunión en la Contraloría. Foto: Contraloría
La Contralora General del Estado, Lic. Sandra Quiroga Solano, sostuvo una reunión de coordinación con representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), con el objetivo de fortalecer las capacidades de las nuevas autoridades municipales y promover una gestión pública eficiente, transparente y responsable.
Durante el encuentro, en que participaron las Subcontraloras de Gobiernos Departamentales, Carolina Ferrufino y de Municipios y Universidades, Shirley Vásquez Pinto; el presidente de la FAM-Bolivia, Erlan Cordero, planteó diversas inquietudes relacionadas con la capacitación de servidores públicos y autoridades recientemente posesionadas, así como otros temas vinculados al proceso de transición en los gobiernos municipales.
En respuesta a las solicitudes presentadas, la Contralora General expresó su plena disposición para apoyar a los gobiernos autónomos municipales en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales. En ese marco, anunció que, a través del Centro de Capacitación (CENCAP), la Contraloría General del Estado desarrollará programas de formación dirigidos a alcaldes, gobernadores y servidores públicos, orientados a fortalecer sus conocimientos en control gubernamental, administración pública y gestión transparente de los recursos del Estado.
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Asimismo, ratificó la apertura institucional de la Contraloría para coordinar acciones conjuntas con los municipios de todo el país, impulsando procesos de capacitación que contribuyan a una administración pública más eficiente, responsable y comprometida con la ciudadanía.
La autoridad destacó que la formación permanente de las autoridades y servidores públicos constituye una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta administración de los recursos públicos, en beneficio de la población boliviana.
La reunión reafirmó el compromiso de ambas instituciones de trabajar de manera coordinada para fortalecer la gestión municipal y promover una cultura de integridad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.