El bloqueo de caminos parece acercarse a una derrota política. Paradójicamente, el estado de excepción podría convertirse en la única salida narrativa para sus principales dirigentes.
Después de 37 días, la movilización no consiguió su objetivo central: provocar la renuncia de Rodrigo Paz. Sus líderes apostaban a que el malestar económico y social arrastraría rápidamente a la mayoría de la población hacia sus demandas. Hasta ahora, eso no ocurrió.
Ante la falta de adhesión, el discurso se radicalizó. Aparecieron amenazas contra quienes no apoyaban la medida, crecieron los episodios de violencia en los puntos de bloqueo y se difundieron imágenes de grupos armados. Ambulancias, medicamentos, alimentos y combustibles quedaron retenidos. También se registraron ataques a vehículos y daños a la infraestructura vial. El conflicto ya dejó un saldo trágico de 13 víctimas fatales.
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Al mismo tiempo, una parte importante de la ciudadanía mantuvo una posición crítica hacia el Gobierno, pero no para respaldar a los bloqueadores, sino para exigir que haga cumplir la ley y garantice la libre circulación.
Las propias declaraciones de algunos dirigentes revelan esa preocupación por la falta de respaldo cívico. En un cabildo realizado este viernes en un distrito de El Alto, el dirigente de la Federación de Campesinos Tupac Katari, Vicente Salazar, dijo: “Veo a El Alto decaído, desmembrado”. Luego, pidió a sus 14 distritos unirse y autoconvocarse.
Ese mismo día, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto Central, que representa a los distritos municipales 1, 2, 3, 4, 6 y 12, emitió una resolución en la que rechazó los bloqueos y movilizaciones de carácter político que afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y otros productos esenciales para la población.
Estos hechos muestran que la sociedad alteña es hoy mucho más diversa de lo que algunos discursos suponen. Empresarios, comerciantes, profesionales, transportistas, trabajadores independientes y productores tienen intereses económicos distintos y evalúan el conflicto desde realidades diferentes. La identidad compartida no necesariamente se traduce en una misma posición política. La mayoría cree en la democracia y no en lo etnocracia.
El bloqueo tampoco parece generar la adhesión esperada en varias de las comunidades involucradas. La medida también afecta a sus propios mercados y actividades productivas, provocando escasez de alimentos, GLP, medicamentos e insumos.
La estrategia de sus dirigentes parece descansar en la idea de que el hambre, el desempleo, la quiebra y el desastre económico terminará empujando a los afectados a unirse a ellos que profundizaron su desgracia. Esos dirigentes desean ver a la gente que vive en las ciudades a marchar por las calles dándoles la razón.
Hasta ahora, ocurre lo contrario. Cada vez más ciudadanos exigen al Gobierno que restablezca el orden público. Pocas veces, se ha visto en democracia respaldo cívico a un estado de excepción
En este punto aparece una paradoja. Si los dirigentes dialogan sin haber alcanzado sus objetivos, corren el riesgo de ser vistos por sus bases más radicales como derrotados. En cambio, una eventual declaración de estado de excepción podría ofrecerles una explicación distinta: no fracasaron políticamente, sino que fueron frenados por la fuerza del Estado.
Por eso, el estado de excepción podría convertirse en su mejor argumento para preservar liderazgo y cohesión interna. Les permitiría construir un relato de represión antes que admitir una pérdida de apoyo social.
Sin embargo, todavía existe una alternativa. Un liderazgo responsable sabe que ninguna causa justifica conducir a su propia gente hacia un callejón sin salida. Cambiar de estrategia y buscar una salida política podría evitar más sufrimiento y una fractura social aún mayor.