Lo que está sucediendo en Bolivia es terriblemente catastrófico. Bolivia está al borde del precipicio y cuando escribimos estas líneas, el país está soportando un bloqueo criminal de caminos que nos está empujando mucho más rápido al abismo.
Inicialmente, los pedidos de los bloqueadores fueron cambiando en el tiempo tal cual, los lineamientos establecidos por el Foro de San Paulo o del Grupo de Puebla que son entes que impulsan la propagación del populismo en América Latina. Se empezó con la abrogación del D.S. 5503 -lo consiguieron—, luego pedidos sectoriales de aumentos de sueldos para luego desembocar en la abrogación de la Ley 1720 (que también lo consiguieron), cuando esta norma lo único que buscaba es que el campesino que vive dentro de una comunidad colectiva o comunitaria, tenga el derecho de inscribir su parcela a su nombre como propietario perpetuo para él y su grupo familiar. Ya que actualmente en muchos departamentos de Bolivia prima la propiedad colectiva o comunitaria (caso como en Potosí donde la propiedad colectiva supera el 90%) y el hombre del campo es dueño de nada y está sujeto a chantajes como a salir a bloquear contra su voluntad o soportar extorsiones que muchas veces rayan en la inmoralidad por parte de los ayllus que son los mandamases en esas comunidades.
Bueno al final como decimos los cambas, los bloqueadores pelaron capucha; llegaron al punto donde querían llegar, ahora piden la renuncia del Presidente Rodrigo Paz elegido democráticamente con más del 55% voto del pueblo boliviano a casi 7 meses de su mandato. No lo podían exigir al principio, para engañar a muchos incautos locales y tontos útiles y de paso engatusar a la prensa internacional. Ese es el mandato del Socialismo del Siglo XXI y los cárteles del narcotráfico que se campean impunemente por varios países, entre ellos Bolivia.
Hasta comienzos de junio de 2026 el bloqueo de campesinos –varios de ellos armados, así lo muestran los medios de prensa- ha cobrado 8 víctimas fatales entre personas fallecidas en ambulancias que no pudieron circular libremente por los caminos como por la falta de oxígeno en varios hospitales del país, más de una treintena de heridos entre civiles y policías, el deterioro del prestigio país en un momento en que necesitamos recuperarnos para fortalecer la industria sin chimenea –el turismo-, frenar las exportaciones (más de $us. 720 millones) en un momento en que necesitamos exportar para salir de la recesión económica y un daño estimado por la Cámara Nacional de Industrias que hasta los primeros días de junio 2026 supera los $us. 2.100 millones de dólares.
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Sin embargo, el bloqueo criminal nos ha abstraído de otros problemas que tiene el país y que están carcomiendo lentamente Bolivia. Estamos en un proceso de franca recesión, el crecimiento económico este 2025 fue negativo es decir -1.58%, por favor nos estamos contrayendo, eso significa pérdida de empresas, pérdida de empleos, destrucción de esperanzas para un ejército de jóvenes en Bolivia, aumento de la informalidad no solo laboral sino de la actividad económica; cuando necesitamos crear empleos para combatir la pobreza tanto moderada como extrema. Para esta gestión 2026 organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial han proyectado que la contracción se agudizará con un – 3.3% y – 3.2% en forma respectiva.
La situación de la estabilidad cambiaria si bien pese a los conflictos mantienen una tensa calma, es un problema no resuelto por la sencilla razón que las Reservas del Banco Central (BCB) en efectivo (cash) no sobrepasa el 5%, y cerca al 95% se encuentran en oro físico, activo que no es transable. Es por esa razón que hoy tenemos una devaluación de facto, ya que el Bs. 6.96 solo existe para las transacciones públicas y el tipo de cambio referencial se sitúa en Bs. 9.95 y el dólar negro o paralelo se encuentra por encima de los Bs.10.-. Con este clima de incertidumbre, no puede descartarse un aumento en el tipo de cambio paralelo tal como ocurrió en mayo 2025 cuando alcanzó los Bs. 20.-.
Pero lo más terrible es la crisis energética, los entendidos del rubro señalan que las Reservas Gasíferas se acaban entre el 2028-2029, o sea la vuelta de la esquina. Se acaba el Gas en un país donde Evo Morales y Luis Arce líderes del Movimiento al Socialismo (MAS) que gobernaron Bolivia durante 20 años, destruyeron todo a su paso, cual tsunami devastador. El consumo de energía eléctrica para la gente y las empresas tiene una dependencia del gas Natural que bordea el 70%, a prepararse para los apagones o inventarse dólares para comprar Gas natural a precio internacional.
Se esquilmó tanto a la gallina de los huevos de oro (YPFB) para nada más que la hegemonía masista en el poder se dedique a gastar, dilapidar, malversar y robar los recursos del Estado. Tanto fue el ordeñamiento de los recursos del Estado que la caída en la producción de gas ha traído otro problema estructural, la dependencia casi total de la importación de gasolina en un 60% y un 95% de diesel. Para que el país no se paralice el Gobierno tiene que destinar cerca de $us. 45 millones dólares semanales y $us. 180 millones mensuales ($us. 2.160 millones de dólares por año aproximadamente) para la importación de combustibles de Argentina, Chile, EE.UU. y otros países del mundo. Paralelo a esto, es la terrible escasez de dólares en Bolivia pese a los esfuerzos del gobierno de devolver divisas a los ahorristas bolivianos cuyos dólares fueron expropiados por la fuerza por el gobierno populista, los cuales ascienden a $us. 2.400 millones.
A este cargamento desastroso hay que agregarle que para este 2026 el gobierno necesita cerca de $us. 2.300 millones para pagar el servicio de la deuda pública (devolución de capital e intereses de la deuda externa), y las deudas se pagan sí o sí.
Mientras tanto nos olvidamos de este popurrí de problemas y volvemos a concentrarnos en el bloqueo criminal de caminos por parte de grupos que más allá de tumbar a un presidente electo lo que se busca es reincorporar a un gobierno que sea cómplice con el narcotráfico y que conviva con los carteles delincuenciales de la droga que manejan a varios países en América Latina.
El gobierno que dejó pasar mucho tiempo y fue muy permisivo con estos grupos, ahora no le queda más opción que aplicar el cumplimiento de la ley, porque el derecho a la circulación de las personas es un derecho constitucional. Una minoría que no pasa de las veinte mil personas no puede asfixiar a un país de 11.3 millones de habitantes.