El ministro Espinoza insistió en que el objetivo es recuperar la eficiencia y devolver al Estado la capacidad de invertir en áreas prioritarias, y que el proceso se hará con transparencia y dentro del marco constitucional.
eju.tv / Video: Radio FIdes
El Gobierno nacional dio un paso decisivo para sanear las finanzas públicas al proyectar un recorte de Bs 3.800 millones en el presupuesto destinado a empresas públicas, como parte del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026. La medida, que busca reducir el déficit fiscal del 16% al 9% del Producto Interno Bruto (PIB), también incluye una solicitud a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que autorice un esquema legal que permita liquidar, transformar o cerrar entidades estatales que no sean viables. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que el ajuste forma parte de una estrategia más amplia para ordenar las cuentas públicas y eliminar cargas innecesarias que pesan sobre el Estado.
“De gastos, exigencia de eficiencia a esas empresas públicas, estamos reduciendo más de 3.800 millones de bolivianos en presupuesto para empresas públicas. Ya estamos avanzando en las evaluaciones de las empresas públicas; evidentemente, gran parte de las empresas públicas están en otros ministerios, pero entiendo que varios de ellos ya están avanzando en sus evaluaciones”, dijo el ministro en entrevista con Radio Fides, al confirmar que el proceso de revisión ya está en marcha.
El titular de Economía enfatizó que el principal desafío no será simplemente cerrar las empresas deficitarias, sino gestionar de manera ordenada y transparente los activos y pasivos que estas dejan. Muchas de estas entidades arrastran deudas, equipos, maquinaria, terrenos y vehículos adquiridos con fondos públicos, cuyo destino final debe ser resuelto con responsabilidad.
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“Todo ese proceso de liquidación, que usualmente es bastante complejo, implica la administración de recursos del Estado. Al final del día, esas empresas públicas las pagamos todos con nuestros impuestos; tienen que liquidarse de una manera correcta y transparente; si no, es un peligro para la sociedad”, advirtió Espinoza.
El proyecto de ley del PGE Reformulado 2026 no solo plantea el recorte presupuestario, sino que establece un procedimiento específico para que el Ejecutivo pueda decidir el futuro de cada empresa estatal. Según Espinoza, una vez aprobada la norma, comenzará una evaluación técnica de cada entidad para determinar si debe continuar operando, ser transformada, reconvertida o cerrada definitivamente.
“Hay empresas que claramente no son rentables ni son viables. Hay empresas que ni siquiera necesitan un proceso de liquidación, basta con un cierre porque ni siquiera han terminado de crearse”, explicó el ministro que justificó la necesidad de una legislación que permita actuar con celeridad.
Uno de los ejemplos más emblemáticos que mencionó Espinoza fue la planta estatal de papas fritas de El Alto, una inversión que, según el ministro, no ha generado rentabilidad y cuya tecnología está sobreestimada.
“Varias de ellas si van a ser cerradas. Le doy un ejemplo de la famosa planta de papas fritas en El Alto. Es una planta que tiene tecnología de punta, pero está sobreestimada y ahí habrá que ver qué hacer con esa empresa pública, quizás hacer una asociación público – privada, transferirla a otro nivel de Gobierno que quiera manejarla, a ver la manera de que dentro de la Constitución podamos recuperar esos recursos que han sido puestos ahí y que hoy día no están generando ningún tipo de rentabilidad”, señaló el ministro.
La complejidad del proceso de liquidación no se limita al cierre operativo, sino que involucra la administración de los pasivos heredados. “El problema principal está en la administración de los pasivos que van a quedar cuando se cierren esas empresas. Tienen deudas, materiales, equipos que han sido comprados y que se están deteriorando. Por lo tanto, hay que determinar la responsabilidad. Tienen en muchos casos terrenos, vehículos a su nombre y una serie de cosas que hay que ver cómo vamos a recuperar”, manifestó Espinoza.
El ministro Espinoza insistió en que el objetivo es recuperar la eficiencia y devolver al Estado la capacidad de invertir en áreas prioritarias, y que el proceso se hará con transparencia y dentro del marco constitucional.