El diputado sostuvo que la redistribución de recursos debe complementarse con una reforma constitucional, un nuevo modelo de financiamiento regional y una redefinición de la vocación productiva de cada departamento para garantizar la sostenibilidad de las autonomías.
eju.tv / Video: Red América TV
El diputado de Alianza Unidad, Alejandro Reyes, afirmó que la propuesta de redistribución de recursos bajo el esquema 50/50 debe formar parte de una reforma más amplia del modelo autonómico, que incluya cambios constitucionales, una reingeniería financiera de las gobernaciones y una redefinición de la vocación productiva de cada región.
El legislador señaló que la discusión sobre el fortalecimiento de las autonomías no puede limitarse al reparto de recursos, sino que debe contemplar la situación económica de cada departamento y su capacidad para administrar nuevas competencias.
«Lo que se necesita es una reingeniería financiera de cada región, de cada gobernación, porque el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) ya prácticamente está extinto», sostuvo.
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Reyes indicó que la reforma también debe incorporar modificaciones a la Constitución Política del Estado en materias como el régimen autonómico, la administración de justicia y el sector de hidrocarburos, con el propósito de adecuar el marco institucional a la nueva realidad económica del país.
El diputado de Alianza Unidad, Alejandro Reyes. Foto: captura de pantalla
Asimismo, consideró que cada departamento deberá desarrollar una estrategia propia de crecimiento, basada en sus potencialidades productivas y en una evaluación real de su situación financiera, antes de avanzar hacia un nuevo esquema de distribución tributaria.
«Hay que ver cuál está mejor y cuál está peor, cuál es la vocación productiva de cada región. Sobre eso recién se puede implementar un 50-50 real», afirmó.
El diputado también señaló que el próximo Presupuesto General del Estado (PGE) deberá prever la futura implementación del 50/50, aunque advirtió que ello dependerá de la aprobación de las normas necesarias y de los consensos políticos que se logren en la Asamblea Legislativa y entre los distintos niveles de gobierno.
En ese sentido, sostuvo que la construcción de acuerdos debe preceder a la elaboración de la normativa para garantizar la estabilidad de las reformas y evitar posteriores modificaciones o conflictos institucionales.