Según la denuncia, el conflicto por el predio conocido como Mutualista se remonta a la década de 1990, cuando, según Serrano, se habría realizado un pago irregular al municipio por parte de un tercero que no tenía facultades para disponer del terreno.
eju.tv / Video: Red Gigavisión
El abogado Waminqa Serrano, en representación de la familia Crapuzzi, presentó hoy (12) una solicitud de ampliación de denuncia contra el alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra, los concejales que integran las comisiones de Administración y Finanzas, Constitución y Planificación del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra que aprobaron las acciones sobre el terreno del Mutualista, y los funcionarios que suscribieron los informes técnicos, en el marco de un conflicto que se arrastra desde hace décadas. La defensa sostiene que el municipio carece de títulos de propiedad legítimos sobre el predio, y que las autoridades actuan con «una consigna política» en lugar de ajustarse a la ley.
«Yo lo desafío en el día que muestren títulos con tradición de Derechos Reales. No tienen. Certificado por Derechos Reales, certificado por la notaría. Nosotros hemos actuado legalmente todo el tiempo», enfatizó el jurista, al tiempo que reiteró que el terreno pertenece a su cliente y no al municipio, y que las actuales autoridades ediles incurren en actos que podrían constituir irregularidades en la función pública.
Según la denuncia, el conflicto por el predio conocido como Mutualista se remonta a la década de 1990, cuando, según Serrano, se habría realizado un pago irregular al municipio por parte de un tercero que no tenía facultades para disponer del terreno.
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«En los 90 pagaron mal. Alguien, algún vivillo se aprovechó del municipio y se hizo pagar», afirmó el abogado, y señaló que la familia Crapuzzi ha usufructuado el inmueble por más de 40 años, por lo que la justicia debe reconocer su derecho propietario.
El abogado advirtió que esta es la «tercera advertencia» formal que realizan al Concejo Municipal y que, con la ampliación de la denuncia, se busca que el fiscal cite a las autoridades involucradas para que expliquen sus actuaciones. «Los actos en la función pública no prescriben. Ellos están actuando políticamente, no están actuando sobre la ley. Aquí lo que tienen que hacer ellos es demostrar que tienen títulos y no los tienen», sentenció Serrano.
Con esta nueva acción legal, el caso vuelve a la esfera judicial y política, mientras la defensa de Crapuzzi confía en que la justicia determinará la ilegalidad de las acciones municipales y reconocerá la propiedad privada del terreno, en medio de un clima de tensión creciente entre el municipio y la familia propietaria.