Los escándalos de impunidad, contrabando y escasez no son casuales: son el resultado de la CPE de 2009 y del temor político a una reforma constitucional de fondo.
Los sucesos que hoy sacuden la agenda pública boliviana —desde el caso Marset y los cargamentos ilícitos camuflados en madera o maletas, hasta el contrabando descontrolado de oro, las controversias políticas y las recurrentes crisis de desabastecimiento de diésel y gasolina— no son hechos aislados ni meras fallas administrativas. Tampoco deben reducirse a una acusación simplista contra una gestión gubernamental específica. Son, en realidad, las manifestaciones visibles y acumuladas de los incentivos perversos introducidos por la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009.
El verdadero problema radica en la persistencia de una estructura institucional que desmanteló los equilibrios republicanos y en el arraigado temor político a encarar su transformación de fondo.
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La raíz estructural: Cuando el diseño fomenta la distorsión
Lejos de fortalecer el Estado de derecho, la arquitectura de 2009 generó un entorno donde la informalidad, la opacidad y la falta de control técnico terminan imponiéndose:
Justicia cooptada y sin meritocracia: Al sustituir la carrera judicial y la calificación técnica por la elección de magistrados bajo filtro político partidario, el sistema judicial perdió su capacidad de operar como un árbitro imparcial. La falta de independencia facilita la impunidad y convierte a las instituciones en terreno fértil para el avance de economías ilegales.
Aparato estatal contaminado y prebendal: La administración pública ha quedado profundamente condicionada por una pesada herencia en sus recursos humanos, cooptados durante casi dos décadas bajo criterios de lealtad partidaria y cuoteo corporativo del MAS, en lugar de mérito técnico y servicio civil de carrera. Quienes desde la arena política confían en que este aparato burocrático responderá lealmente a proyectos de cambio sin una depuración y transformación estructural, incurren en una evidente ingenuidad: el diseño está hecho para protegerse a sí mismo.
Debilitamiento de la fiscalización técnica: La sustitución de mecanismos rigurosos de auditoría y control estatal independiente por esquemas corporativos eliminó los cortafuegos indispensables para supervisar aduanas, fronteras y empresas públicas estratégicas.
Monopolio estatal y distorsión económica: La hipertrofia del Estado como único actor económico determinante y la pérdida de autonomía técnica del Banco Central distorsionaron el mercado formal. El desabastecimiento de carburantes y la escasez de divisas son la consecuencia inevitable de un modelo estatista que agotó la renta extractiva sin incentivar la inversión productiva ni la seguridad jurídica.
El contraste regional: El caso de la estabilidad institucional en Perú
Un ejemplo vecino ilustra con claridad la importancia del diseño normativo: la Constitución Política del Perú, vigente desde finales de 1993, ha demostrado una notable capacidad de contención institucional.
A pesar de la alta volatilidad política, sucesivas crisis presidenciales y diversos gobiernos con tentaciones de quiebre institucional, los candados republicanos de su texto —un Banco Central de Reserva técnica y legalmente autónomo, un régimen económico de libre iniciativa con estricta subsidiariedad estatal y reglas de contrapeso entre poderes— lograron blindar la estabilidad macroeconómica, el valor de su moneda y los límites del poder, evitando el colapso moral y material del Estado.
El debate republicano: Soluciones técnicas frente al colapso
Frente al agotamiento del modelo plurinacional, los parches normativos son estériles. La discusión sobre una salida institucional seria ya cuenta con antecedentes de alto rigor técnico, como el proyecto republicano planteado en 2023 («La Constitución de Todos»), cuyos principios demuestran que es posible diseñar un andamiaje con efectos positivos inmediatos:
Atenuación del hiperpresidencialismo:
La adopción de un modelo semipresidencial con un Primer Ministro responsable de la administración y sujeto a control parlamentario permitiría resolver crisis de gobernabilidad mediante válvulas de escape constitucionales regulares, evitando el bloqueo y la discrecionalidad del Ejecutivo.
Despolitización judicial y mérito profesional: El retorno irrestricto al mérito académico y ternas técnicas para la designación de jueces y fiscales restituiría de inmediato la certidumbre jurídica, frenando la impunidad y otorgando garantías reales a la inversión.
Propiedad ciudadana y fin del rentismo estatal: Transferir la titularidad de los beneficios de los recursos naturales directamente a los ciudadanos y limitar al Estado a su rol regulador cortaría los incentivos a la corrupción, saneando las finanzas públicas al eliminar el financiamiento discrecional a empresas estatales deficitarias.
Descentralización y federalismo fiscal: Otorgar a los departamentos y municipios verdadera capacidad de recaudación y administración tributaria crearía corresponsabilidad fiscal y eficiencia local.
La convocatoria al diálogo y la salida constitucional
Superar el deterioro moral y material del país exige un acto de madurez cívica y coraje político. Ha llegado el momento de que los sectores académicos, colegios de profesionales, liderazgos cívicos, productivos y fuerzas democráticas abandonen la resignación y articulen un gran acuerdo nacional.
Conforme al Artículo 411 de la propia CPE, la vía democrática e institucional para redefinir las bases del Estado es la activación de una Asamblea Constituyente. Solo mediante una refundación republicana profunda, despojada de cálculos electorales menores y temores corporativos, Bolivia podrá dotarse de un marco institucional donde la ley prime sobre el poder y la seguridad jurídica reemplace al descalabro.
Javier Torres Goitia Caballero