Para Confeagro, las medidas adoptadas por el Gobierno, como el incremento del precio del diésel, “siguen golpeando” al sector. “En contrapartida no recibimos nada para mitigar estos efectos que pueden ocasionar que la producción disminuya”, advirtió.
[Foto: Unitel] / Una protesta de productores en Santa Cruz.
Fuente: Unitel
La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) pidió abrogar el Decreto Supremo 5676 sobre el nuevo régimen del diésel y “liberar” la importación y comercialización de carburantes.
El sector advirtió que se pone en riesgo la actividad del sector, lo que puede “ocasionar que la producción disminuya”.
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La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) también rechazó el Decreto Supremo 5676 y expresó su “total desacuerdo” al considerarla como una “medida que castiga al productor sin resolver ninguno de los problemas que dice atacar”.
Con el nuevo régimen, el diésel para los grandes consumidores se comercializa a Bs 18, mientras que se mantiene en Bs 9,80 para los demás sectores. Los agropecuarios advierten que esta medida también afecta a los pequeños productores.
Para Confeagro, las medidas adoptadas por el Gobierno, como el incremento del precio del diésel, “siguen golpeando” al sector. “En contrapartida, no recibimos nada para mitigar estos efectos que pueden ocasionar que la producción disminuya”, advirtió.
En este “contexto adverso”, el sector solicitó la “abrogación del Decreto Supremo Nº 5676” y la “liberación de la importación y comercialización de carburantes”.
Pero además, pidió “eliminar el IVA y el IT de la comercialización de carburantes”.
“Todos los integrantes de Confeagro nos sumamos al Congreso Extraordinario convocado por la CAO en el Municipio de Warnes, departamento de Santa Cruz, el 27 de agosto de 2026”, anunció la institución.
Marco normativo
Confeagro expresó “su alta preocupación porque hasta la fecha no se ha materializado ninguna norma que resuelva alguna de sus solicitudes para producir mayor cantidad de alimentos, divisas y empleos para los bolivianos”.
“Todo lo contrario, la única norma que se consiguió con la ley 1720 fue abrogada con pretextos netamente políticos y en contra de nuestro sector”, señaló la institución que reúne a las cámaras agropecuarias departamentales y asociaciones nacionales de productores agropecuarios de todo el país.
