El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, identificó seis modalidades de minería ilegal o de transgresión de la normativa que operan en Bolivia y que, según advirtió, superan la definición tradicional establecida por la Ley Minera 535.
Fuente: ANF
Durante el primer taller preparatorio rumbo al Simposio Nacional del Oro, convocado por el Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (Gi-Tor), Zaconeta explicó que el artículo 104 de la norma, que considera ilegal la actividad realizada sin autorización vigente, resulta insuficiente para describir la complejidad del fenómeno.
Entre las modalidades identificadas mencionó la operación anticipada voluntaria, mediante la cual algunas cooperativas comienzan a explotar minerales mientras esperan la autorización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), argumentando que los trámites pueden prolongarse hasta cinco años.
También señaló el arrendamiento ilegal de áreas, donde concesionarios autorizados fraccionan terrenos y los alquilan a operadores privados; las falsas cooperativas, que mantienen esa figura mientras se asocian con capitales privados y utilizan maquinaria de alta capacidad y trabajadores asalariados.
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A estas prácticas sumó el desvío de combustible subvencionado asignado a cooperativas hacia socios privados; el uso de “papeles prestados”, mediante el cual empresas privadas recurren a documentación de cooperativas para comercializar oro; y el tráfico informal de tierras mineras, con la venta de parcelas para explotación sin declarar la actividad ante el Estado.
Zaconeta sostuvo que estas prácticas se desarrollan en un contexto de creciente predominio cooperativo en la producción aurífera. Según los datos expuestos, en 2025 las cooperativas concentraron el 99,2% de la producción nacional de oro.
El investigador también cuestionó la capacidad estatal de fiscalización y advirtió sobre la expansión de la frontera minera hacia el norte de La Paz, Beni y Pando, además de los vacíos existentes en materia de trazabilidad del oro y control del uso de mercurio.
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