El dirigente Domingo Ramos mencionó que el sector enfrenta dificultades con las entidades financieras y reclamó el cumplimiento de las disposiciones emitidas mediante decreto para evitar mayores perjuicios a los transportistas.
eju.tv / Video: Cadena A
El transporte pesado se declaró este lunes en estado de emergencia y da un plazo de 15 días al Gobierno para atender sus principales demandas, entre ellas la regularización del abastecimiento de diésel, la inspección del estado de las carreteras y medidas para aliviar la situación financiera que atraviesa el sector. El dirigente del sector, Domingo Ramos, afirmó que la determinación fue asumida en un ampliado nacional, ante la persistencia de las filas en los surtidores y las dificultades que enfrentan los transportistas para acceder a combustible.
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«Todos los transportistas a nivel nacional, en un ampliado, hemos dado un plazo de 15 días a las autoridades. Hoy vemos que continúa la falta de combustible. Hay filas en todos los surtidores; los transportistas están sufriendo cuatro, cinco días haciendo filas», afirmó el dirigente.
Ramos advirtió que, si el Gobierno no brinda respuestas dentro del plazo establecido o no convoca al sector a una reunión con las autoridades, los transportistas asumirán nuevas medidas de presión y hasta pueden iniciar acciones penales por presunto incumplimiento de deberes contra autoridades del Ejecutivo.
«Nosotros vamos a presentar acciones penales por incumplimiento de deberes contra el ministro de Obras Públicas (Mauricio Zamora), de Hidrocarburos (Marcelo Blanco) y también el de Economía (José Gabriel Espinoza), porque no nos están dando respuestas claras a lo que necesita el transporte pesado», argumentó.
Entre las demandas del sector también se encuentra la realización de una inspección a las carreteras del país, con participación de representantes del transporte pesado y un notario de fe pública, con el objetivo de verificar las condiciones de las vías.
Asimismo, Ramos señaló que el sector enfrenta dificultades con las entidades financieras y reclamó el cumplimiento de las disposiciones emitidas mediante decreto para evitar mayores perjuicios a los transportistas.
El dirigente cuestionó además la falta de convocatoria por parte del Gobierno y pidió una reunión con el presidente. «Si el presidente se ha reunido con los bloqueadores, ¿por qué no con este sector? Esta es la cuarta carta que le estamos enviando», cuestionó.
Como parte de las posibles medidas de presión, el transporte pesado analiza dejar de pagar peajes, obligaciones bancarias e impuestos, según una de las determinaciones en el ampliado nacional.
Las advertencias surgen en un momento en el que se registran largas filas por diésel en diferentes regiones del país, lo que genera molestias entre transportistas y sectores productivos por sus posibles efectos en el transporte de carga y el movimiento de mercancías.
Ante los reclamos, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, pidió disculpas a los conductores afectados por las demoras y aseguró que la estatal está tomando medidas para normalizar el abastecimiento de combustible.
