Ante la ALP, el ministro Oviedo informó sobre el despliegue policial y militar durante el estado excepcional y mostró cifras sobre las pérdidas económicas y afectaciones generadas por los bloqueos registrados entre mayo y junio pasado.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este miércoles por la tarde ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que durante la vigencia del estado de excepción se ejecutaron 12.910 operativos a nivel nacional, como parte del despliegue de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el informe presentado, las acciones fueron desarrolladas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la Ley 1740 y el Decreto Supremo 5636, que establece el estado de excepción.
Entre las cifras reportadas por la autoridad se encuentran 109.331 efectivos policiales movilizados y 26.917 efectivos militares destinados a tareas de apoyo complementario a la Policía Boliviana. Asimismo, se utilizaron 22.267 medios de transporte para tareas logísticas, se ejecutaron 151 desbloqueos y se registraron 30 aprehensiones a nivel nacional.
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Oviedo aclaró que estos datos son preliminares y que serán ampliados y documentados en el informe de rendición de cuentas que deberá presentarse ante la Asamblea Legislativa al finalizar el estado de excepción, conforme establece el artículo 15 de la Ley 1740.
Pérdidas por más de $us 3.000 millones
En su exposición ante los legisladores, el ministro también presentó cifras relacionadas con el impacto de los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio, como uno de los elementos para plantear la ampliación del régimen excepcional por otros 90 días.
Según los datos citados por Oviedo, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estimó pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares durante los conflictos. A esta cifra sumó una estimación de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, que también señaló que las pérdidas del aparato productivo nacional superaron ese monto.
El ministro señaló que los bloqueos dificultaron el ingreso de materias primas a las fábricas, el traslado de trabajadores, la distribución de productos terminados, el abastecimiento de combustible y la circulación de mercaderías.
También mencionó que, durante ese periodo, 123 personas resultaron heridas y 22 perdieron la vida, según datos que atribuyó a medios de comunicación y al monitoreo de la Defensoría del Pueblo. De los heridos, 56 eran policías, de acuerdo con el informe presentado.
A ello sumó las dificultades para acceder a servicios médicos, entre ellas problemas de abastecimiento de oxígeno medicinal y soluciones para hemodiálisis, además de reportar que más de 5.000 transportistas quedaron varados en las carreteras.
Estos datos fueron expuestos por Oviedo ante la ALP en el marco de la solicitud del Ejecutivo para ampliar por 90 días el estado de excepción, cuya vigencia concluye este viernes 18 de septiembre. El gobierno de Rodrigo Paz aprobó el lunes el Decreto Supremo 5707 para plantear su extensión por otros 90 días, tras amenazas de algunos sectores de reiniciar movilizaciones, una vez que concluya la medida excepcional.