El motivo es el mismo de siempre, una alta contaminación por mercurio que afecta la salud
Por Marco Mendoza
Las dragas contaminan los ríos/Trib. Agroambiental
Fuente: La Razón
Las organizaciones indígenas del departamento de Pando dieron un ultimátum hasta el 30 de septiembre de 2026 para el retiro de todas las balsas y dragas dedicadas a la minería aurífera en el río Madre de Dios.
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“Debemos pensar en nuestros hijos y nuestras futuras generaciones, debemos dejarles un territorio digno con un medio ambiente sano”, aseguró Lucio Ayala Siripi, presidente del Territorio Indígena Multiétnico TIM II, que destacó la importancia de preservar los territorios y la naturaleza para quienes vendrán después.
Esta reflexión da un mensaje poderoso sobre la importancia de la preservación de un medio ambiente y un territorio sano.
Lastimosamente con el paso del tiempo estos dos aspectos se vieron seriamente afectados por la explotación minera entre ilegal y legal que contaminan ríos, territorios y vidas de quienes siempre estuvieron ahí en armonía con la naturaleza y el medio ambiente.
Con este panorama, cada vez más complicado por el aumento de la minería ilegal en diversas cuencas a escala nacional, es que los pueblos indígenas de Pando dieron un ultimátum para el retiro total de balsas y dragas dedicadas a la minería aurífera en el todo el curso del río Madre de Dios.
El motivo es el mismo de siempre, una alta contaminación por mercurio que afecta la salud de las comunidades indígenas, la fauna y sus medios de vida.
Además, las comunidades de los pueblos Tacana, Kabineño, Ese Ejja, Yaminawa, Machineri y familias Pacahuara, respaldados por la Central Indígena de Pueblos Originarios de Pando (CIPOAP) y el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), anunciaron la conformación de comités de defensa comunal para proteger territorios, fuentes de agua, alimentos y principalmente su salud.
“En una asamblea de emergencia realizada en la comunidad indígena Tacana de Trinidacito se determinó asumir estas medidas en defensa de nuestro territorio y el efecto de la explotación minera”, explicó el presidente de la Central Indígena de pueblos de Pando CIPOAP, Javier Fernández.
El representante indígena aseguró que varias comunidades además decidieron organizar comités de defensa comunal frente al avance de la minería ilegal.
“La preocupación de las comunidades se centra principalmente en la contaminación por mercurio y otros metales pesados que, afectan las aguas del río Madre de Dios y los recursos de los que dependen las familias indígenas como la pesca y el acceso al agua”, explicó el presidente de la CIPOAP.
Además, reveló que, tras un estudio realizado en 2025, se habrían identificado altos niveles de mercurio en muestras de cabello de habitantes de comunidades indígenas, además de advertir la presencia de contaminación en alimentos y pescado destinados al consumo de las familias indígenas lo que los pone en un nivel muy elevado de vulnerabilidad afectando de forma directa su sistema de subsistencia.
Luego de un análisis de las consecuencias de la explotación aurífera en sus territorios, es que la organización indígena CIPOAP determinó dar un plazo hasta el 30 de septiembre para que las empresas mineras, balseros y operadores retiren sus balsas, dragas, maquinaria y demás herramientas de las orillas y del territorio indígena vinculado al río Madre de Dios, en Pando.
Además, se formaron los comités de defensa comunal frente a la minería ilegal en las comunidades de Loreto, Trinidacito, 2 de Agosto, 6 de Agosto, Sinaí, Portachuelo Alto, Portachuelo Medio, Portachuelo Bajo, Galilea, Exaltación y Santa Elena, además de otras comunidades ribereñas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y comunidades dispersas.
Otra de las determinaciones asumidas es que los comunarios indígenas que actualmente trabajan en empresas o actividades mineras deberán retornar a sus comunidades de origen. La resolución advierte que, una vez cumplido el plazo establecido, las comunidades podrían adoptar “medidas de hecho” contra las balsas y dragas que permanezcan en el lugar pasada la fecha límite.
“Como organización determinamos que una vez que se cumpla el plazo se procederá al desalojo de las actividades mineras que, que contaminan nuestros ríos y afectan nuestros medios de vida”, indicó Fernández.
Las denuncias de los pueblos indígenas fueron verificadas en mediante la realización de un sobrevuelo en el mes de agosto sobre los ríos Orthon y Madre de Dios que confirmó la expansión de la actividad aurífera en Pando.
“Durante el sobrevuelo que realizamos fueron identificadas decenas de dragas y balsas mineras, algunas aparentemente en funcionamiento, cuya situación legal se desconoce”, aseguró el asambleísta departamental José Luis Suárez, que fue quién gestionó el sobrevuelo con apoyo de autoridades de la Fuerza Aérea Boliviana y la Armada Boliviana.
Suárez explicó que la verificación se realizó después de recibir denuncias sobre dragas que presuntamente estarían operando sin autorización en el río Orthon.
“Durante la inspección observó siete embarcaciones en ese sector. Necesitamos apoyo de la AJAM para realizar nuestro trabajo de fiscalización en nuestro departamento, porque no solo tiene que ver con el tema ambiental, tiene que ver con el tema de regalías”, argumentó Suárez.
Además, el asambleísta departamental señaló haber contabilizado durante el sobrevuelo realizado en agosto aproximadamente cinco dragas en el río Orthon y al menos 30 en el Madre de Dios de las cuales se desconoce si tiene el respaldo legal para trabajar.
Control
De acuerdo con un informe de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) sobre el fortalecimiento de las acciones de control se realizaron más de 50 operativos, en municipios de los nueve departamentos y en zonas de difícil acceso, áreas de alta conflictividad y lugares donde se denunciaron actividades de explotación ilegal
La AJAM desplegó acciones en La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija, Beni, Pando, Cochabamba y Santa Cruz.
Las intervenciones comprendieron inspecciones y verificaciones de actividades mineras al margen de la normativa, suspensiones, restituciones de áreas mineras, procesos de consulta previa y la activación de acciones administrativas y legales, de acuerdo con las competencias de la institución a escala nacional.
De acuerdo con el reporte enero de 2026, la AJAM concentró parte importante de su despliegue en la Amazonía boliviana. En el tramo Puerto Sena–Reserva Nacional de Vida Silvestre Manuripi, en Pando, participó junto al Ministerio Público en una inspección que permitió intervenir tres dragas utilizadas para la explotación ilegal de oro aluvial una fue entregada al SERNAP, otra inutilizada y una tercera hundida, conforme a los protocolos establecidos.
Paralelamente, en el río Toromonas, dentro del Parque Nacional Madidi, se intervinieron y destruyeron tres barcazas vinculadas a actividades mineras sin autorización. En febrero, el despliegue llegó a Beni y La Paz.
En el sector Mandarinas del Cerro San Simón, municipio de Baures, la AJAM y la Armada Boliviana intervinieron un campamento minero ilegal donde fueron identificados diez ciudadanos brasileños, además de maquinaria pesada, combustible e infraestructura destinada a la explotación de oro aluvial.
A pesar de estos datos los representantes de los pueblos indígenas consideran que las acciones de las autoridades no son suficientes frente a la magnitud de la minería ilegal, piden acciones más concretas para frenar estas actividades ilegales que afectan sus fuentes de subsistencia.
Alerta de indicios del síndrome de Minamata
El síndrome o enfermedad de Minamata es un trastorno neurológico grave y permanente causado por una intoxicación por metilmercurio (mercurio orgánico).
“El consumo de metilmercurio a través de alimentos causa daños neurológicos severos, además afecta el desarrollo del sistema nervioso al feto durante el embarazo”, explicó la cofundadora de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Ruth Alípaz.
Sin embargo, la organización remarcó que, si bien existen indicios de la existencia del síndrome y hay peligros, hay actores que afirman, “sin ningún respaldo científico, que el síndrome no existe en la Amazonia”.
En ese sentido, Contiocap pidió al Estado asumir el “principio de precaución” inmediatamente para iniciar con el diagnóstico y tratamiento de los que estarían afectados; así como, las medidas de contingencia.
Asimismo, la organización aclaró que el 14 de marzo del 2022 presentaron una denuncia formal sobre la gravedad de la contaminación por mercurio en poblaciones indígenas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hasta ese momento era un tema desconocido nacional e internacionalmente.
Al identificar indicios de la presencia de este síndrome, y por el principio de inversión de la prueba en salud, el siguiente paso inmediato es que el Estado asuma la aplicación del principio de precaución y de forma inmediata se desarrollen los esfuerzos para el diagnóstico, tratamiento y medidas de contingencia.
Alípaz recordó que el Estado boliviano ratificó acuerdos y convenios internacionales que son de cumplimiento obligatorio en materia de Derechos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio de Minamata para reducir el uso del mercurio hasta su eliminación en la extracción del oro, y el Acuerdo de Escazú sobre acceso a información ambiental.
Fuente: La Razón
