El presidente Rodrigo Paz ha hecho bien en presentar a Bolivia ante el mundo como un país que necesita y está dispuesto a recibir inversión. En su reciente agenda internacional anunció gestiones de financiamiento por alrededor de 10.000 millones de dólares y planteó como meta llevar las reservas internacionales a una cifra similar en los próximos 18 meses.
Pero debemos distinguir algo fundamental: crédito no es inversión y reservas no son producción. El financiamiento puede darnos oxígeno; la inversión productiva es la que genera empresas, empleos, tecnología, exportaciones y divisas.
Por eso, el verdadero desafío del Gobierno debería ser mucho más concreto: convertir a Bolivia en un país confiable para invertir. Y naturalmente, dar los pasos necesarios de manera urgente.
¿Cómo hacerlo?
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Primero: seguridad jurídica.
Garantizar que la propiedad, los contratos y las reglas de juego sean respetados, independientemente de quién gobierne. Políticas de Estado.
Segundo: seguridad económica y cambiaria.
Un inversionista necesita saber que podrá recuperar su capital, acceder a divisas y operar sin incertidumbre permanente.
Tercero: seguridad física y social.
Nadie invertirá millones de dólares en un país donde una carretera puede ser bloqueada, una propiedad avasallada o una planta paralizada sin consecuencias.
Cuarto: reglas simples y estables.
Crear una verdadera ventanilla única de inversiones, reducir trámites y establecer plazos concretos para las autorizaciones. El Estado debe dejar de ser una barrera y convertirse en facilitador.
Quinto: una nueva política energética.
Bolivia necesita atraer capital y tecnología para explorar hidrocarburos, desarrollar minería, generar electricidad y garantizar combustibles. No podemos ofrecer oportunidades de inversión mientras no aseguramos energía suficiente para producir.
Sexto: infraestructura y logística.
Carreteras, ferrocarriles, puertos, corredores bioceánicos, telecomunicaciones y servicios básicos son parte de la oferta que un país presenta al inversionista.
Séptimo: igualdad de condiciones entre capital nacional y extranjero.
Antes de pedir que venga el capital extranjero, debemos recuperar la confianza del empresario boliviano. Si nuestros propios ahorros buscan refugio fuera del país, tenemos una señal inequívoca de desconfianza que debemos corregir.
Octavo: transparencia y Estado de derecho.
La inversión necesita instituciones, no favores políticos. Necesita jueces independientes, reglas previsibles, lucha efectiva contra la corrupción y mecanismos confiables para resolver controversias.
El Gobierno ya está gestionando importantes recursos externos. Precisamente por eso, debería dar un paso adicional y urgente: presentar al país y al mundo un Programa Nacional de Atracción de Inversiones, con metas, sectores prioritarios, proyectos concretos, garantías y un cronograma público de reformas estructurales.
No se trata de regalar nuestros recursos ni de renunciar al papel del Estado. Se trata de entender que el Estado puede conservar la propiedad y la soberanía sobre nuestros recursos naturales sin tener que hacerlo todo por sí mismo. Puede establecer reglas, cobrar impuestos y regalías, fiscalizar y proteger el interés nacional, mientras permite que el capital privado aporte tecnología, capacidad empresarial y mercados.
La experiencia regional demuestra que el capital no llega solamente porque un presidente lo invite. Compara riesgos, instituciones, costos y oportunidades. CEPAL precisamente plantea que atraer inversión debe estar acompañado por políticas de desarrollo productivo y mejores capacidades institucionales.
Por eso, quizás la pregunta que debería hacerse el Gobierno no es:
¿Cómo convencemos al mundo de invertir en Bolivia?
Sino: ¿Qué debemos cambiar en Bolivia para que el mundo quiera invertir en ella?
La respuesta pasa por algo que ningún préstamo puede comprar: confianza.
Y la confianza no se decreta, no se publicita y no se negocia.
Se construye con instituciones sólidas, reglas claras, seguridad, estabilidad y resultados.
Ese debería ser el verdadero desafío de la nueva etapa económica de Bolivia, que debe asumir el gobierno de Rodrigo Paz con responsabilidad y sentido de urgencia.
Fernando Crespo Lijeron