Bolivia no puede seguir con las filas por combustible. No es normal que producir, transportar o algo tan básico como movilizarse dependa de cuándo llega una cisterna al surtidor. Si de verdad queremos terminar con el desabastecimiento, debemos aceptar una realidad incómoda: el Estado no puede seguir siendo al mismo tiempo dueño, intermediario, regulador y juez de un mercado que no está funcionando.
Durante años, la respuesta ha sido más control, más permisos, más cupos, más autorizaciones y más intermediación. El resultado está a la vista: burocracia, discrecionalidad, privilegios, corrupción y escasez. Cuando una sola estructura concentra las decisiones sobre quién importa, cuánto importa, quién almacena y quién comercializa, no se garantiza el abastecimiento; se concentra poder.
Bolivia necesita cambiar esa lógica y abrir de verdad el mercado de carburantes a la participación privada, nacional e internacional. Quien tenga capacidad financiera, logística y técnica para importar combustible y cumpla normas objetivas de calidad, seguridad y trazabilidad debe poder hacerlo sin depender de autorizaciones discrecionales ni de intermediaciones obligatorias.
La competencia es la mejor herramienta para ampliar la oferta, mejorar el servicio y reducir los espacios de corrupción. Cuando existen varios operadores, el consumidor tiene opciones y los proveedores deben competir para abastecer mejor. Cuando existe un único canal dominante cualquier error se convierte en escasez, cualquier decisión administrativa puede transformarse en privilegio y en cualquier espacio de poder exclusivo se crea corrupción.
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Abrir el mercado no significa eliminar al Estado, significa ponerlo en el lugar correcto. El Estado debe regular, fiscalizar, controlar calidad y seguridad, garantizar reglas iguales y sancionar a quien incumpla. Debe ser árbitro, no jugador privilegiado. YPFB puede seguir siendo una empresa estratégica, pero compitiendo en igualdad de condiciones y sin impedir que otros actores aporten capital, infraestructura, logística y combustible.
Tampoco se trata de reemplazar regulación por desorden. La apertura debe tener reglas claras, información pública, controles técnicos y protección al consumidor. Libertad económica no significa ausencia de normas; significa eliminar aquellas barreras que no protegen al ciudadano y que solo sirven para restringir la competencia.
El problema de fondo es político. Bolivia debe decidir si seguirá administrando un sistema ineficiente que no garantiza cantidad ni calidad de combustible o si tendrá el valor de abrirlo. Defender una estructura que produce filas, incertidumbre y dependencia no es defender al Estado; es defender una forma de intervención de un modelo fracasado.
Cada día sin gasolina y sin diésel inmoviliza a miles de personas y paraliza la producción. Cada fila frente a un surtidor representa horas perdidas. Cada intermediario y permiso innecesario aumenta costos. Y cada decisión discrecional abre una puerta a la corrupción.
Ya hay propuestas presentadas en la Asamblea Legislativa y su análisis tiene que priorizarse en ser una respuesta para el beneficio de todos los ciudadanos. La solución no es más concentración estatal. Es liberar la importación, distribución y abastecimiento de combustibles.
Bolivia necesita dejar atrás la lógica de administrar la escasez. Si queremos terminar con el desabastecimiento, debemos permitir que quienes puedan traer combustible, almacenarlo, transportarlo y venderlo lo hagan bajo reglas transparentes e iguales para todos.
No necesitamos administrar mejor la escasez. Necesitamos terminar con ella. El problema no se soluciona con más Estado. Se soluciona con más libertad.