Exministra afirma que existió una decisión política en su sentencia debido a que siempre mantuvo una posición crítica frente a Evo Morales y el Movimiento al Socialismo.
Fuente: El Diario
Ante la malintencionada circulación, en redes sociales y algunos medios de comunicación, de una sentencia contra la exministra de Comunicación del gobierno transitorio, Roxana Lizárraga, correspondiente a agosto de 2024, la exautoridad pidió a la prensa manejar el tema con responsabilidad y rigor periodístico, reiterando que existen intereses políticos en busca de condenarla, destruir su reputación y provocar su muerte civil.
A través de sus redes sociales, la exautoridad aclaró que el documento difundido los últimos días, mediante redes sociales, corresponde a una sentencia del año 2024 y las intenciones para que el tema salga nuevamente a la palestra tienen que ver con intereses políticos en su contra.
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“Ante la posibilidad de que medios y periodistas sean sorprendidos por información presentada fuera de contexto, quiero precisar algunos hechos y pedirles, como colega, algo elemental en nuestro oficio: rigor, contraste y derecho a respuesta”, expresó.
Lizárraga además apuntó que, el proceso judicial iniciado en su contra siempre fue denunciado como un proceso de naturaleza política, destinado a provocar su “muerte civil”.
“Al no encontrar hechos irregulares vinculados a mi gestión pública, se investigaron movimientos económicos correspondientes a enero, febrero y marzo de 2019, cuando yo no ejercía ningún cargo público. Recién asumí el Ministerio de Comunicación en noviembre de ese año. La investigación alcanzó una cuenta que había mantenido con Ramiro Vega. Para cuando asumí como ministra, yo ya me encontraba separada de él”, explicó.
En su publicación, Lizárraga relató que los descargos presentados ante la Fiscalía y la Justicia sobre el origen de los recursos en cuestión lograron que su expareja y su hijo fueran sobreseídos; sin embargo, no ocurrió lo mismo con su persona y fue sentenciada.
“Esa diferencia en el tratamiento de las mismas pruebas es una de las razones fundamentales por las que sostuve en 2024, y sostengo hoy, que existió una decisión política para condenarme, destruir mi reputación y provocar mi muerte civil. Tampoco puede ignorarse el contexto. Mucho antes de ser ministra, desde el ejercicio del periodismo, mantuve una posición crítica frente a Evo Morales y al socialismo”, sostuvo.
“Como ministra de Comunicación asumí decisiones que tuvieron consecuencias políticas: promoví acciones legales relacionadas con el fraude electoral y la sigla del MAS; adopté medidas respecto a radios comunitarias que, a mi juicio, eran utilizadas como instrumentos de propaganda política; dispuse la salida de la señal de Telesur y denuncié públicamente los privilegios y lujos del poder de Evo Morales”, expuso la exautoridad, cuestionando que después de dos años se vuelva a hablar de dicha sentencia coincidiendo con la participación profesional de su exesposo en el caso Cerimedo–Beller.
Lizárraga solicitó que su proceso sea revisado y auditado, si verdaderamente existe voluntad de recuperar la independencia y credibilidad de la justicia boliviana. “No le temo a esa revisión; al contrario, la estoy pidiendo. Quiero regresar a Bolivia, pero quiero hacerlo con mi nombre limpio y habiendo agotado todos los mecanismos para defender mi verdad, mi dignidad y mi honorabilidad”.
Fuente: El Diario
