Bolivia no puede hablar de autonomías mientras las decisiones importantes sigan tomándose desde un escritorio en La Paz. El debate abierto por el Plan Nacional de Salud 2026-2030 vuelve a poner sobre la mesa una práctica que se debe superar: diseñar desde el nivel central y pretender que las regiones simplemente acompañen.
El secretario departamental de Salud de Santa Cruz, Dr. Germán Antelo, ha señalado que la Gobernación cruceña no participó en la elaboración del plan presentado por el Ministerio de Salud y que posteriormente fue convocada para respaldarlo. Más preocupante aún es su advertencia de que la propuesta concentraría decisiones, recursos y gestión de personal en el nivel central.
Si esto es así, no estamos ante una simple diferencia administrativa. Estamos ante una discusión sobre el modelo de Estado.
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Durante demasiado tiempo, Bolivia ha convivido con una suerte de colonialismo interno: el centro decide y las regiones ejecutan. Cambian los gobiernos y los discursos, pero el reflejo centralista permanece. Algunos ministros parecen asumir que administrar una cartera de Estado los convierte en supergobernadores, con capacidad para definir desde La Paz lo que corresponde hacer en cada departamento.
Ese enfoque desconoce algo esencial. La soberanía reside en el pueblo, y las autoridades departamentales también reciben legitimidad democrática directa mediante el voto. La autonomía no es una concesión del Gobierno central. Es parte de la organización constitucional del Estado y supone competencias, responsabilidades y capacidad de decisión.
En salud existen competencias concurrentes. Las gobernaciones tienen responsabilidades concretas en planificación, rectoría departamental y organización de redes. Por eso, cualquier reforma seria debe construirse con las regiones, no comunicarse cuando las decisiones ya fueron tomadas.
Este no es un debate contra una reforma sanitaria. Bolivia necesita mejorar urgentemente su sistema de salud, profesionalizar la gestión, incorporar tecnología y garantizar atención digna. Pero una buena reforma requiere coordinación, respeto a las competencias y participación real de quienes deberán ejecutarla.
Aquí el debate se conecta con la agenda autonómica y con propuestas como el 50-50. No basta discutir cómo se distribuyen los recursos. Si descentralizamos dinero, pero centralizamos decisiones, seguimos teniendo el mismo problema con otro nombre. Autonomía significa recursos, pero también poder de decisión, responsabilidad y rendición de cuentas.
Por eso esta discusión trasciende al Ministerio de Salud. Bolivia necesita enfrentar uno de los grandes debates de nuestra época: una reforma constitucional que democratice efectivamente el poder, fortalezca los contrapesos, profundice las autonomías y reduzca un hiperpresidencialismo que durante años ha concentrado atribuciones en el nivel central.
No se trata de debilitar al Estado nacional. Se trata de construir un Estado más eficiente, más cercano y más responsable. El nivel central debe definir políticas nacionales y estándares comunes; las regiones deben tener capacidad real para administrar, priorizar y responder a sus propias necesidades.
Santa Cruz no pide privilegios. Pide que se respete su voz, sus competencias y la decisión democrática de su población. Y ese mismo principio debe valer para todos los departamentos.
La reforma pendiente no es solamente fiscal. Es política e institucional. Bolivia debe decidir si quiere seguir administrándose desde el centro o si está dispuesta a distribuir poder de verdad.
Porque mientras las autonomías dependan de la voluntad de un ministro, tendremos autonomía en el papel y centralismo en la práctica.
Mario Herrera Sánchez, Parlamentario Supraestatal