Más allá de las disputas palaciegas de La Paz, las regiones y los municipios guardan la fuerza para oxigenar la República.
En esta época del año, Santa Cruz de la Sierra se caracteriza, entre otras cosas memorables, por sus vientos huracanados. Ráfagas que barren el polvo, sacuden las copas de los toborochis y anuncian cambios intempestivos de clima. El sol radiante, los cielos intensamente celestes, las nubes níveas, el tono seductor del habla oriental, el tráfico incesante, los cuñapés calientes y el rumor arrullador de la naturaleza componen una postal entrañable.
Pero esto es Bolivia, y la postal convive con una realidad áspera: pululan los políticos sin escrúpulos, los mentirosos consuetudinarios y aquellos especialistas en el arte de simular ignorancia. Ese cinismo criollo de «hacerse el desentendido» que nuestras diversas lenguas retratan con implacable precisión: el amupatukuychu o luqhïritata en aymara, el oñembotavýva en guaraní, el te’etupoyera en chiquitano, o el llano «hacerse el tonto» en castellano. Existen también los malintencionados y los narcovinculados. En definitiva, no todo es amable: es el país que se fue configurando sistemáticamente desde las jornadas de octubre de 2003. Antes de esa fecha hubo luces y sombras, aciertos y desaciertos; sin embargo, descalabros institucionales y morales de semejante calibre no tenían precedente en nuestra memoria colectiva, con la trágica excepción del régimen de Luis García Meza. No obstante, como en la vida no cabe resignarse a contemplar el pasado para llorar ni entregarse al desánimo ante las penurias del presente, el deber cívico manda mirar al porvenir y edificarlo de manera compartida, apoyándonos en las certezas y fortalezas que todavía conservamos hoy.
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Comprendemos ya, con meridiana claridad y sin los velos de la propaganda oficial, que el Movimiento al Socialismo (MAS) desvertebró la estructura del Estado bajo la coartada retórica de fundar un «Estado Plurinacional». Lo que en verdad se instauró fue un presidencialismo hipertrofiado y asfixiante, un centralismo absorbente que retiene más del 85% de los recursos fiscales en el nivel central, y una densa maraña burocrática concebida para transformar la prebenda y la corrupción en la razón fundamental de ser de la administración pública. En ese trayecto, el poder central vulneró y olvidó de manera flagrante las aspiraciones legítimas de los pueblos indígenas y originarios de tierras altas y bajas. De igual modo, la denominada Jurisdicción Indígena Originaria Campesina jamás llegó a operar como una auténtica garantía comunitaria: devino en una herramienta instrumental subordinada a los caprichos del poder político de turno.
La ciudadanía boliviana se pronunció de forma contundente exigiendo un cambio de rumbo estructural. La demanda es categórica: restituir una democracia liberal, inclusiva, multiétnica, pluricultural y verdaderamente descentralizada. Sin embargo, el alumbramiento del nuevo ciclo republicano continúa postergado. Recordando la biología de la Salamandra atra —aquel anfibio vivíparo cuya prolongada gestación oscila entre dos y tres años—, el nacimiento de esta nueva etapa parece demorarse en un letargo exasperante. Y es dudoso que la atribulada sociedad boliviana, agobiada por el desgaste económico, la escasez de divisas y la incertidumbre, posea el temple para resistir un embarazo político tan prolongado.
Tampoco se debe tener temor frente al chantaje callejero de los eternos bloqueadores del trabajo y del desarrollo nacional. Son grupúsculos minoritarios que pretenden mantener a la patria como rehén de sus prebendas. El pueblo boliviano, laborioso y vital, ya demostró su entereza moral en las urnas y en las calles, y los derrotará siempre que intenten sabotear la convivencia democrática.
En la dinámica histórica nada es definitivo. Una correlación de fuerzas distinta emerge con nitidez desde las bases territoriales: los gobiernos departamentales y municipales plantean con vigor la necesidad de asumir el control de sus destinos. Algunos apuestan con decisión por la senda federal; otros procuran blindar su autonomía funcional frente a La Paz. Todos, empero, coinciden en una agenda inaplazable: apertura a la inversión privada, defensa de las regalías y la adopción concertada del pacto fiscal del 50/50. Esta reforma no es una simple consigna distributiva; es la corrección técnica de una asfixia histórica: exige incorporar por fin a las gobernaciones a la masa de coparticipación tributaria nacional —terminando con su vulnerable dependencia de la declinante renta del gas—, emparejar la transferencia de recursos con el costeo real de las competencias transferidas en salud y caminería, y articular un fondo de compensación y solidaridad territorial que garantice el equilibrio para los departamentos de menor escala demográfica.
Sin embargo, para que esta voluntad refundacional no naufrague en el voluntarismo, es imperativo reconocer con lucidez los cerrojos políticos y administrativos codificados en la Constitución Política del Estado de 2009. Aquella Carta Magna no descentralizó el poder: descentralizó la administración de la escasez mientras blindó la captura centralizada de la renta y la iniciativa económica.
Bajo el régimen del artículo 298 de la CPE, el nivel central retiene el monopolio privativo y exclusivo sobre los hidrocarburos, la minería, los recursos estratégicos, el régimen financiero y el comercio exterior, atando de manos a las regiones para negociar inversiones o dictar incentivos de desarrollo productivo. Administrativamente, la Constitución consagró una trampa asimétrica: cargó a gobernaciones y municipios la gestión operativa de competencias concurrentes —como los hospitales de tercer nivel—, pero reservó en La Paz la designación de ítems y la rectoría presupuestaria. En el ámbito tributario, maniató a los departamentos prohibiéndoles gravar hechos imponibles análogos a los impuestos nacionales, reduciendo su capacidad recaudadora a migajas marginales. Peor aún, el modelo económico estatista (Art. 306) y la centralización de la administración de la tierra en el INRA cercenaron la seguridad jurídica indispensable para el agro y el emprendimiento privado. Superar este diseño implica sortear el rígido procedimiento del artículo 411: ya sea librando una batalla legislativa inmediata para reescribir la Ley Marco de Autonomías y el régimen de coparticipación, o encarando la reforma constitucional de fondo que desmonte el presidencialismo absolutista y dé paso al federalismo.
En el ámbito local ocurre, paralelamente, un fenómeno de trascendencia sociológica: los municipios bolivianos también abandonaron definitivamente al MAS tras más de dos décadas de hegemonía vertical. No se trata de un simple recambio partidario ni de una disputa electoral convencional, sino del quiebre orgánico de un modelo agotado. Desde el seno mismo del agro y de las comunidades rurales han surgido movimientos campesinos e indígenas originarios con vocación contestataria y autónoma, que rechazan las directrices verticales del partidismo tradicional y exigen respuestas concretas a sus realidades productivas y de subsistencia. Este reordenamiento territorial no es motivo de pesimismo; es el verdadero bastión de la reconstrucción democrática.
En las regiones palpita la fuerza que puede oxigenar al país. La prensa, los analistas, el sector empresarial y la dirigencia política genuina deben levantar la vista del nivel central, actualmente empantanado en una precaria y frágil reorganización, y volcar su atención estratégica hacia las regiones.
Bolivia encontró en su momento certidumbre y equilibrio mediante la estabilización del Decreto Supremo 21060, la Descentralización Administrativa y la Ley de Participación Popular. Fueron esos tres pilares institucionales los que permitieron trasladar decisiones y recursos a los ciudadanos, y los mismos que el régimen anterior demolió a lo largo de 23 años, arruinando a su paso la minería, el sector hidrocarburífero, el potencial agropecuario y la iniciativa privada. Ha llegado la hora impostergable de recuperar esas vigas maestras: actualizarlas, perfeccionarlas y ponerlas en marcha desde la vitalidad de los departamentos y municipios. Solo mediante ese impulso territorial, el poder central comprenderá las verdaderas demandas de una auténtica República de Bolivia, democrática, multiétnica y pluricultural.
A este complejo panorama se suma hoy una amenaza insidiosa: los últimos acontecimientos de denuncias —aún no probadas, pero de ningún modo descartables— han paralizado la dinámica institucional y puesto en pleno funcionamiento la maquinaria del drama y el espectáculo judicial. La deliberación pública ha quedado secuestrada por el morbo de las acusaciones cruzadas, postergando las decisiones urgentes que el país reclama a gritos. Bolivia no puede permitirse quedar atrapada en el fango de la sospecha permanente ni en el histrionismo de las querellas. Lo que Bolivia necesita con urgencia histórica es Política con mayúscula para articular acuerdos, Libertad para producir y disentir sin mordazas, Desarrollo con certidumbre económica, y, por encima de todo, Confianza en su propia gente.