Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
Quince autoridades y exfuncionarios fueron vetados por EEUU. Foto: RRSS
La Gobernación cruceña denuncia que 11 funcionarios fueron retenidos en Guarayos. El vocero presidencial exige a Samuel Doria Medina formalizar sus denuncias sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. La Asamblea aprueba un crédito del BID para modernizar el alumbrado público. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que la administración de Rodrigo Paz no protegerá ni dará blindaje a funcionarios o exautoridades que tengan cuentas pendientes con la justicia. “La administración pública y la justicia no pueden ser refugio del narcotráfico, de la corrupción o el crimen organizado”, sostuvo después de que Estados Unidos difundiera una segunda lista de ciudadanos bolivianos con restricciones de visa. Gálvez señaló que los nombres incluidos en las dos nóminas coinciden con líneas de investigación abiertas en Bolivia y que el Gobierno coordina con países aliados para obtener información complementaria. Indicó que los casos están bajo investigación, aunque no identificó a las personas que son indagadas ni anticipó nuevas aprehensiones. En las dos listas difundidas por Washington aparecen 28 nombres de autoridades, exautoridades y otros ciudadanos.
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Estados Unidos difundió una nueva nómina de 15 ciudadanos bolivianos a quienes restringió la visa por presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción. Entre los señalados figuran los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez; el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce; los fiscales Félix Gerardo Balderas Arteaga y Julio César Porras Velarde; y el exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras Diego Alejandro Barboza Zeballos. También aparecen el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti; el director del Segip en Santa Cruz, Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar; el comandante departamental de la Policía de Tarija, Freddy Bismarck Pereira Molina; y la exdirectora de Migración Katherine Calderón Valle. La medida alcanza a 40 personas, incluidos 25 familiares directos.
El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que varias de las autoridades y exautoridades incluidas en la nueva lista de restricciones de visa de Estados Unidos ya son investigadas en Bolivia. Sin detallar los nombres ni los casos, sostuvo que existen coincidencias entre los señalados por Washington y las indagaciones abiertas por las instituciones nacionales. El Ejecutivo, dijo, no actuará por imposición externa, sino por responsabilidad propia y conforme a las normas bolivianas. Gálvez aseguró que el Gobierno no protegerá a personas vinculadas con el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado y que las investigaciones seguirán los procedimientos correspondientes. Entre los incluidos en la segunda lista están dos diputados, el exfiscal general Juan Lanchipa, fiscales, jueces, exautoridades policiales y responsables de otras entidades estatales.
Aldo Ismael Quezada Cerruti presentó este jueves su renuncia irrevocable a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y al cargo de vocal de la Sala Constitucional Segunda. La decisión se conoció después de que su nombre apareciera en la segunda lista de ciudadanos bolivianos con restricciones de visa difundida por Estados Unidos. En la carta dirigida a los vocales, Quezada comunicó que dejaba ambos cargos. Horas antes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, había recomendado que Quezada y el vocal Julio Nelson Alba Flores, también incluido en la nómina, renunciaran y se sometieran a las investigaciones correspondientes. Saucedo pidió además a la Sala Plena del tribunal cruceño considerar la conducción de esa instancia. La lista que se conoció esta jornada es la segunda.
El fiscal Gerardo Balderas manifestó sorpresa al conocer que su nombre figura entre los bolivianos a quienes Estados Unidos restringió el ingreso. Afirmó que obtuvo su visa en 2016 y que la renovó en agosto de este año sin que le comunicaran alguna observación. “No me dijeron nada”, señaló en una entrevista con la red DTV. Balderas reconoció que cada país tiene la facultad de establecer sus propias restricciones migratorias, pero dijo que no cree que la decisión vaya a abrir una investigación. «Cada país tiene sus restricciones y sus inconvenientes. Ven a quiénes admitir y a quiénes no», declaró. Su nombre aparece en la segunda lista difundida por el Departamento de Estado, que incluye a 15 autoridades y exautoridades bolivianas señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción.
Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, exdirector departamental del Servicio General de Identificación Personal (Segip) en Santa Cruz, se pronunció después de que su nombre apareciera en la lista de bolivianos con restricciones de visa de Estados Unidos. La exautoridad aseguró que desconoce las razones de la medida y que tanto él como su familia recibieron la noticia con sorpresa. “Una restricción de visa no es una condena y estoy dispuesto a colaborar en cualquier situación”, manifestó. Ortiz señaló que dejó el cargo el viernes 16 de octubre y expresó respeto por las leyes bolivianas y por las políticas migratorias y de lucha contra la corrupción y el narcotráfico de otros países. También dijo que espera conocer los fundamentos de la decisión estadounidense. El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió ayer una nueva nómina.
La Gobernación de Santa Cruz denunció que 11 personas fueron retenidas contra su voluntad en el municipio de Urubichá, provincia Guarayos, mientras realizaban una inspección relacionada con el estado del medioambiente. Según el secretario departamental de Seguridad, Jorge Santistevan, el grupo estaba integrado por dos funcionarios de la Gobernación, ocho de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y un policía. La inspección se realizó el miércoles 21 de octubre y, hasta el jueves, las autoridades no conocían el paradero exacto de los retenidos. Santistevan afirmó que los responsables estarían formulando peticiones mediante acciones violentas y señaló que se busca establecer quiénes los retienen y cuáles son sus demandas. La Gobernación advirtió que la retención constituye un delito y pidió esclarecer el caso.
El vocero presidencial José Luis Gálvez pidió al empresario y político Samuel Doria Medina presentar una denuncia formal con información precisa sobre sus declaraciones acerca de presuntos funcionarios vinculados con una red que cobraría dinero para permitir el tránsito de avionetas cargadas con cocaína. Gálvez advirtió que, si Doria Medina conoce esos hechos y no los denuncia ante las instancias correspondientes, podría exponerse a una investigación por encubrimiento. El empresario había afirmado que comunicó al presidente Rodrigo Paz, en marzo, información sobre supuestos vínculos entre funcionarios y organizaciones dedicadas al narcotráfico. También dijo que recibió parte de esos datos de una senadora de Beni, pero descartó acudir personalmente a la Fiscalía y sostuvo que corresponde a las autoridades investigar.
Los exfiscales generales Roger Mariaca y Juan Lanchipa aparecen en las dos listas de bolivianos alcanzados por las restricciones de visa de Estados Unidos. Mariaca fue incluido en la primera nómina, difundida en septiembre, cuando Washington lo señaló por presunta corrupción significativa. Días después fue aprehendido en Bolivia y sometido a un proceso penal por presuntos delitos vinculados con una estructura criminal y el narcotráfico; un juez dispuso su detención preventiva. Lanchipa, quien ejerció como fiscal general desde octubre de 2018 hasta octubre de 2024, figura en la segunda lista publicada el 22 de octubre. Durante su gestión se desarrollaron investigaciones de alto impacto político y casos relacionados con presunta corrupción. La restricción migratoria impuesta por Estados Unidos no constituye por sí misma una imputación ni una condena penal en Bolivia.
La Asamblea Legislativa aprobó un crédito de 30,2 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado al Programa para el Desarrollo de la Eficiencia Energética en Sistemas de Alumbrado Público en Bolivia. El financiamiento permitirá reemplazar luminarias convencionales por tecnología LED y digital en ocho municipios, entre ellos El Alto, Trinidad, Cobija, Yapacaní y Villa Montes. El programa busca reducir el consumo de electricidad y los costos municipales de facturación, además de mejorar la iluminación urbana. El contrato de préstamo fue suscrito en abril de 2025. La norma establece que los gobiernos autónomos municipales beneficiarios deberán asumir, de acuerdo con sus competencias y la cuota que les corresponda, el repago de las obligaciones y el servicio de la deuda contraída para ejecutar el programa.