Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La defensa del capitán Guillermo Ruiz asegura que las maletas de Sebastián Marset fueron entregadas a la Fiscalía. El Gobierno prepara un acuerdo para distribuir 100.000 quintales de harina a Bs 310 cada uno. Cuatro ministros viajarán a Uruguay para promover Puerto Busch y atraer inversiones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
La abogada Zuleika Lanza aseguró que el capitán de Policía Guillermo Ruiz cumplía órdenes del coronel Óscar Moreno durante el operativo de captura de Sebastián Marset y sostuvo que las maletas y otros bienes encontrados en la vivienda del narcotraficante fueron entregados a la Fiscalía de Santa Cruz. “Todo lo que se ha sustraído en ese momento como elemento indiciario para el caso Marset ha sido entregado a la Fiscalía de Santa Cruz y son ellos los que determinan dónde ha ido y cómo ha ido”, declaró a Red Uno. Ruiz, quien se desempeñaba como ayudante de Moreno, fue aprehendido la noche del lunes en Sucre y trasladado a La Paz, donde prestó declaración ante la Fiscalía durante más de ocho horas.
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El empresario y líder político Samuel Doria Medina afirmó que la captura de Sebastián Marset quedó ensombrecida por la sustracción de dinero y otros objetos de la vivienda donde fue encontrado el narcotraficante. Consideró necesario establecer si los policías involucrados actuaron por cuenta propia o eran parte de una red de mayor alcance. Entre los efectivos vinculados están los coroneles Óscar Fernando Moreno Moreno, Erick Salvador Correa Gonzáles y Juan Ferrufino, además del capitán Guillermo Ruiz. Doria Medina recordó que la captura de Marset había sido uno de los operativos policiales más importantes contra el narcotráfico, pero cuestionó que los propios efectivos que participaron en ella estén relacionados con la presunta sustracción de objetos y dinero.
El exalcalde de Santa Cruz Jhonny Fernández afirmó que exige el cumplimiento de la ley y el respeto a sus garantías procesales, después de que un juez lo declarara en rebeldía por no presentarse a su audiencia de medidas cautelares. “No pido privilegios ni un trato especial: exijo que se cumpla la ley y que se respeten las garantías que corresponden a toda persona”, señaló en un comunicado. La exautoridad debía comparecer el martes al mediodía por el proceso en el que se investiga el presunto desvío de Bs 191 millones destinados a 17 obras municipales. Al no acudir a la audiencia, fue declarada en rebeldía y se dispuso una orden de aprehensión en su contra. El Ministerio Público solicitó su detención preventiva.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que Bolivia gestiona cooperación para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas durante su participación en la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), que se reúne en Santo Domingo, República Dominicana. El encuentro reúne a representantes de 19 países comprometidos con la lucha contra los cárteles. Justiniano explicó que el país busca apoyo en tecnología, inteligencia y capacitación para mejorar los resultados en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. “Nuestro objetivo es conseguir cooperación que se traduzca en capacidades y resultados concretos: mejor tecnología, inteligencia, capacitación y fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, siempre respetando nuestra soberanía y nuestras leyes”, expresó el ministro en sus redes oficiales.
Una delegación de cuatro ministros viajará este jueves a Uruguay para impulsar proyectos de integración comercial y conectividad regional, con énfasis en el desarrollo de Puerto Busch, en Santa Cruz, y la captación de inversiones extranjeras. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que se presentarán proyectos de conectividad ferroviaria y aérea, además de propuestas para fortalecer el comercio exterior boliviano. La delegación expondrá las posibilidades de desarrollo de Puerto Busch, considerado una opción para ampliar las rutas de importación y exportación a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Zamora afirmó que ya existen intereses de inversionistas extranjeros y que el Gobierno debe garantizar las condiciones necesarias.
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) prepara la distribución de 100.000 quintales de harina a los panificadores del país, a un precio de Bs 310 por quintal. El objetivo es mantener el precio del pan de batalla en Bs 0,80 por unidad, según el acuerdo alcanzado el lunes entre el Gobierno y los representantes del sector. El gerente general de Emapa, Sergio Siles, informó que la empresa tiene en almacenes más de 100.000 quintales disponibles para cumplir el compromiso. El acuerdo tendrá una vigencia de un año e incluye controles mediante una aplicación para registrar a los panificadores y georreferenciar sus puntos de venta. La medida busca asegurar la entrega de harina subvencionada a los productores que participan en el programa.
Los municipios de Totora, Aiquile, Pasorapa, Omereque y Mizque se declararon en emergencia por la sequía que afecta al Cono Sur de Cochabamba. Las autoridades reportaron la muerte de ganado por falta de agua y advirtieron que la escasez también pone en riesgo las plantaciones. Vila Vila se encuentra en situación de alerta y podría sumarse a las localidades que soliciten medidas de emergencia. Autoridades municipales y asambleístas departamentales pidieron a la Gobernación que envíe cisternas para abastecer a las comunidades afectadas. Víctor Cardozo, asambleísta de la provincia Carrasco, señaló que las regiones atraviesan momentos críticos y que otros municipios podrían declarar también estado de alerta si la falta de agua continúa.
El ministro de Economía, Christian Morales, afirmó que la autorización para que entidades públicas y privadas importen gas natural (GN) y gas natural licuado (GNL) es una opción adicional y no significa que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dejará de abastecer a la industria o a la generación eléctrica. La medida está contemplada en el Decreto Supremo 5755, que habilita las importaciones para consumo propio y producción de electricidad, con el propósito de garantizar un suministro oportuno y continuo en el mercado interno. Morales explicó que la disposición busca abrir alternativas para que el abastecimiento no dependa exclusivamente del Estado. El gas importado para consumo propio solo podrá cubrir las necesidades operativas o productivas.
El exdirector de Migración Marcel Rivas denunció que, durante su gestión, en 2020, se detectaron preliminarmente más de 260 casos de entrega irregular de documentación a ciudadanos extranjeros. Según Rivas, los trámites correspondían a certificados de permanencia migratoria, residencia, permanencia temporal y autorizaciones migratorias. Afirmó que el costo de esos procedimientos representaba alrededor de 4 millones de dólares que no ingresaron a las arcas del Estado. Rivas señaló que los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía, pero que la causa no avanzó. La denuncia se refiere a trámites efectuados durante su periodo al frente de la institución y corresponde a hechos que fueron detectados y puestos en conocimiento del Ministerio Público.
Una avioneta procedente de Bolivia fue interceptada por la Fuerza Aérea Brasileña en una zona rural del estado de Mato Grosso. El piloto murió después de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, tras abandonar la aeronave e internarse en una zona boscosa para evitar su detención. El incidente ocurrió en el municipio de Juara, a unos 650 kilómetros de Cuiabá. Según los reportes oficiales, la aeronave realizaba vuelos irregulares y no contaba con un plan de vuelo. Durante la operación, el piloto aterrizó de emergencia en una pista clandestina en la región de Fazenda Monte Azul, a unos 80 kilómetros del área urbana de Juara. Posteriormente, incendió la avioneta y escapó hacia el bosque. La interceptación contó con aviones de combate A-29 Super Tucano.
