El abogado Juan Carlos Rebollo afirmó que la difusión pública e informal de grabaciones de audio vulnera el derecho colectivo a la seguridad de la información estatal y altera la cadena de custodia probatoria.
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Por ello, el recurso busca que la justicia ordene al vicepresidente entregar materialmente los elementos al Consejo Nacional de Defensa (Cosdep) y revelar las fuentes de origen de dichas filtraciones.
El jurista argumentó que la Vicepresidencia representa un eje institucional del cual la ciudadanía espera información certera e indubitable, acusando al segundo mandatario de utilizar la filtración de grabaciones como un acto de ejercicio político en detrimento de la seguridad del Estado.
«El fundamento… es el hecho de que el vicepresidente, al dar a conocer información, está dando a conocer pruebas que deben merecer un criterio que se llama custodia de prueba… Él no es periodista, no está sujeto a la protección del secreto de fuente de tal manera que está obligado a revelar de dónde provienen», aseveró Rebollo.
En esa línea, el abogado enfatizó que la acción popular no busca coartar la libertad de expresión de la autoridad, sino canalizar sus actuaciones bajo el marco de la legalidad procesal penal y el resguardo de la seguridad nacional.
Rebollo precisó que, ante la sospecha de espionaje tecnológico hacia autoridades del Estado, las pruebas y antecedentes deben ser remitidos formalmente ante el Consejo Nacional de Defensa (Cosdep) —instancia constitucional encabezada por el Capitán General de las Fuerzas Armadas— para que las instancias llamadas por ley investiguen y periten los dispositivos de origen.
Asimismo, Rebollo remarcó que cualquier ciudadano u órgano público que detecte la presunta comisión de un delito tiene la obligación procesal de denunciarlo ante los canales judiciales competentes y no limitarse a la difusión mediática.
El jurista explicó que la ruptura de la cadena de custodia abre la posibilidad de adulteración, falsificación o manipulación de las evidencias, deslegitimando futuros procesos penales.
Finalmente, el representante del Movimiento Naranja descartó que el recurso busque generar un conflicto de confrontación política o interferir en el contrapeso de poderes.
Rebollo sostuvo que el objetivo de la demanda es brindarle un marco de «conducta legal» a la segunda autoridad del país, garantizando que la transparencia pública se ejerza respetando el debido proceso y la institucionalidad del Estado.