La Fuerza Especial de Lucha contra Delitos Ambientales (Felcda) informó que el maltrato y el rescate de animales están entre los casos que atiende con mayor frecuencia. En La Paz y Cochabamba predominan las denuncias por crueldad, abandono y atropellos; en Santa Cruz, Beni y Pando son habituales los rescates de fauna silvestre.
Un reciente operativo rescató en la Feria 16 de Julio de El Alto a 46 perros, gatos y loros comercializados clandestinamente y encerrados en cajas inapropiadas. En Santa Cruz, un puma y un ocelote mantenidos como mascotas en viviendas particulares presentaban desnutrición y parásitos.
Estos casos revelan una relación equivocada con la naturaleza al tratar a los seres vivos como mercancía, entretenimiento, trofeo o propiedad.Bolivia cuenta con la Ley 700 contra la crueldad y el maltrato animal. El Decreto Supremo 4489 prohíbe tener animales silvestres como mascotas, la caza deportiva y su comercio ilegal, y reconoce su derecho a vivir y reproducirse en su ambiente natural. La Ley 1525, por su parte, sanciona el tráfico ilegal de vida silvestre con penas de dos a seis años de prisión, que pueden llegar a ocho cuando afecta a especies amenazadas.
Las normas son indispensables, pero no bastan mientras se considere normal comprar un loro, encerrar un mono, mantener permanentemente encadenado a un perro o exhibir un felino como símbolo de poder. Un animal silvestre no necesita una jaula más grande, necesita su hábitat. Para capturar una cría, los traficantes suelen matar a su madre; muchos ejemplares mueren durante el traslado y quienes sobreviven pueden quedar imposibilitados de volver a la naturaleza.
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La Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas ha advertido que al menos 120 especies nativas son comercializadas ilegalmente dentro y fuera del país. Loros, parabas, monos, tortugas, serpientes y felinos alimentan un negocio que existe porque hay compradores. Por ello se requieren controles en mercados, carreteras, aeropuertos, fronteras y redes sociales, además de fiscales especializados, centros de custodia adecuados y presupuesto para las instituciones responsables.
El bienestar animal también depende de la conservación de los ecosistemas. Cuando se quema un bosque no solo desaparecen árboles, mueren animales, se destruyen nidos y fuentes de alimento, se contaminan el aire y el agua y se fragmentan los corredores biológicos. Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, en 2024 las quemas e incendios afectaron 12.658.156 hectáreas, la cifra más alta del periodo 2019–2024. Ese año Bolivia ocupó el segundo lugar mundial en pérdida de bosque tropical primario, después de Brasil, según el Instituto de Recursos Mundiales.
Los animales que huyen del fuego llegan heridos o desorientados a poblaciones y carreteras, donde pueden ser atropellados o capturados. Muchos rescates son la consecuencia de incendios, desmontes, expansión descontrolada de la frontera agropecuaria, minería y ocupación de ecosistemas. La actualización de los Libros Rojos de Vertebrados de Bolivia, presentada en 2026 después de 17 años, reunió información sobre más de 3.000 especies y mostró un preocupante incremento de las amenazas, especialmente entre reptiles y anfibios.
La desaparición de una especie afecta a todo el ecosistema. Animales y plantas polinizan, dispersan semillas, controlan poblaciones, fertilizan los suelos, purifican el agua y regeneran los bosques. Al eliminarlos debilitamos los sistemas naturales de los que dependen nuestra alimentación, nuestra salud y nuestra propia vida.
La Constitución reconoce el derecho a un medioambiente saludable y establece que las especies nativas son patrimonio natural. Cuidar la Madre Tierra exige prevenir incendios, proteger áreas naturales, sancionar el tráfico de fauna, promover la educación ambiental y garantizar la tenencia responsable de animales domésticos. También debemos respaldar a policías, bomber@s, guardaparques, profesionales veterinari@s, comunidades indígenas, refugios y organizaciones protectoras, que suelen trabajar con recursos insuficientes.
La responsabilidad también recae en la ciudadanía, al no comprar fauna silvestre, denunciar el maltrato, adoptar en lugar de comprar, no abandonar animales y exigir políticas ambientales efectivas. Si destruimos los bosques, contaminamos los ríos y extinguimos especies, privaremos a las nuevas generaciones de agua, alimentos, biodiversidad y protección frente al cambio climático.
No estamos separad@s de la naturaleza, somos parte de ella. Maltratar a los animales y destruir sus hábitats significa deteriorar las condiciones que sostienen nuestra existencia. Defender la vida animal y la Madre Tierra es defender nuestro presente y el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de la vida.
Elizabeth Salguero Carrillo es comunicadora social.
